La cuenta regresiva para que se conozcan las ofertas de la licitación para levantar la represa Portezuelo del viento, de 210 MW, en la provincia de Mendoza, ha desatado una especie de pánico escénico entre las principales constructoras del país que temen quedarse afuera de la mayor obra pública que se adjudicará durante este año.

No es para menos, ninguna quiere perderse la oportunidad de conseguir un contrato de cerca de 1.023 millones de dólares, que cuenta con financiamiento propio, en medio de la parálisis económica que está sufriendo la Argentina.
Las diversas postergaciones que tuvo el proceso a lo largo de los últimos años, por las ideas y vueltas de la administración de Mauricio Macri sobre la forma en la que se financiarían las obras, hizo que muchas de las empresas del sector apostaran a que la crisis financiera local y la pandemia de coronavirus llevarían a un nuevo aplazamiento en la fecha de apertura de los sobres.
Se equivocaron. El gobernador Rodolfo Suárez decidió que ya no habrá más dilaciones en el proceso, por lo que la primera oferta se conocerá a las 11 del 2 de junio, mientras que las propuestas técnicas, que incluyen una básica, una alternativa obligatoria y variantes, se abrirán el 8 de julio, y las económicas (que constan de estas mismas opciones), el 16 de octubre, como adelantó Desarrollo Energético.
Este error de cálculo les puede costar caro, ya sea porque muchas de las constructoras no tienen un proyecto armado para presentar en la licitación y no llegan a tiempo para hacerlo o porque dejaron pasar los meses y se quedaron sin socias mendocinas que les permitan sumar puntos extra por el contenido local que plantean los pliegos.
Por esa razón, empresarios del sector han comenzado a hacer pública su bronca y frustración a lo largo de las últimas semanas tanto en los grupos de WhatsApp que los nuclea como en los medios mendocinos.
“No hay un proyecto definido en Portezuelo del Viento. Han puesto la obligación de presentar un proyecto alternativo y eso altera las bases de comparación de las ofertas – afirma Juan Chediack, presidente de José J. Chediack, en una entrevista con el programa “Sonría, lo estamos filmando”, de MDZ Radio -. Para cualquier estudio alternativo con estudios serios de análisis de la fundación, etc., hacen falta 6 o 7 meses. Creo que las condiciones están mal redactadas. Yo no puedo participar porque no sería responsable hacer un proyecto de acá al 2 de junio. Es virtualmente imposible hacerlo”.
El presidente de una de las principales constructoras del país, que pidió permanecer en el anonimato porque aún está analizando si va a presentar una oferta, concuerda. “Así no se puede participar, es una vergüenza y ya lo agarrará un periodista y será un gran quilombo”, resalta.
Desde el gobierno de Suárez, se muestran sorprendidos por estos ataques ya que sostienen que los pliegos son públicos y fueron subidos al portal del Ministerio de Economía y Energía mendocino en septiembre de 2019, donde constaban todos estos requisitos y parámetros de seguridad y calidad de la presa y las obras.
“Las empresas que no creyeron en el proyecto o se durmieron y no trabajaron en la elaboración de las ofertas ahora se quieren meter faltando un mes para la recepción de las propuestas. Se están quedando afuera porque no van a tener tiempo de armar una porque quedan menos de un mes, entonces boicotean el proceso para conseguir los días que perdieron y piden postergaciones de 150-180 días con la excusa de la pandemia – resalta una fuente cercana a la administración provincial que conoce de cerca la licitación -. Si no creíste en el proceso y no te pusiste a trabajar y ni utilizaste las herramientas que te daba el pliego a tiempo para hacer una oferta competitiva, jodete. ¿Qué tenemos que hacer, penalizar a los que estuvieron trabajando desde hace un año y a los que hicieron proyectos?”.
Las acusaciones no sólo apuntan a la falta de tiempo y la complejidad de presentar una propuesta alternativa, que los empresarios calculan que les costará entre uno y dos millones de dólares elaborarla, sino que también acusan al gobierno mendocino de armar los pliegos a medida de las compañías locales.
“Portezuelo será el próximo escándalo de la política. Han publicado un pliego tan dirigido que implica ventajas para las empresas locales de aproximadamente 100 millones de dólares. Nadie quiere por ende comprar el pliego salvo el que adquiere el grupo mendocino – escribió el directivo de una constructora local en un chat que reúne a empresarios del sector -. Es una locura pues Mendoza es una provincia fiscalmente comprometida y regala 100 millones de dólares para beneficiar a tres tipos. Las obras de escuelas, hospitales, etc., que se podrían hacer con esos fondos. Increíble dado que, si el tema es ayudar a los locales, ello se arregla con una cláusula que obligue al ganador a presentar subcontratos con empresas mendocinas por el 20 por ciento del monto del contrato”.
Desde el Ministerio de Economía y Energía niegan que exista esta ventaja e insisten en que el pliego busca promover la producción de bienes servicios en la Argentina y no solo en Mendoza por lo que las compañías que califiquen y desarrollen proveedores puede llevarse este beneficio.
“Es ridículo lo que están diciendo los tipos. El margen para jugar en este término es del 10% de la oferta y cualquiera puede demostrar, al menos, la mitad de eso ya que el mayor porcentaje te lo da el término de componente nacional. Eso lo calificás con cualquier empresa argentina, lo que te agrega el subcontrato de las mendocinas es marginal comparado con lo que ganás con las nacionales – explica la fuente del gobierno de Suárez -. Cualquier cosa que puedas probar que es de industria nacional te suma sobre la totalidad del monto de la obra y podés comprobar después que estás subcontratando de firmas locales, y adicionar un porcentaje con un máximo de 100 millones de dólares”.
En la cartera que comanda Enrique Vaquié, explican que lo que están buscando es incentivar la subcontratación de compañías provinciales y que ese monto que critican las constructoras se tomará como comparación entre las propuestas, por lo que cualquier consorcio nacional o extranjero puede calificar a este beneficio solo buscando proveedores locales.
“Las reglas son claras y están escritas hace nueve meses. No entiendo las ‘quejas’ que nos han llegado de que se duplican o triplican los beneficios de las empresas locales porque no resisten el primer análisis, son una lectura deficiente del pliego que lo que buscan son excusas para poner en foja cero el proceso – resalta la misma fuente -. Hace cuatro años que venimos trabajando en este proyecto, que iba a ser licitado por Nación con la misma fórmula polinómica de evaluación y, ahora, joden treinta días antes de recibir las ofertas”.
Por esta razón José J. Chediack decidió no sumarse al concurso de precios, como lo anunció su presidente, y Techint Ingeniería y Construcción está analizando también bajarse ya que “está cansado de los mendocinos”, explica el presidente de la constructora.
Un grupo de empresarios planea dar un paso más en su intención de postergar la apertura de los sobres de la licitación en la reunión que mantendrán esta semana Panedile Argentina, Techint, Power Construction Corporation of China (PowerChina) y Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico (SACDE) con Suárez, en la que esperan plantearle todos estos inconvenientes que están teniendo para participar del proceso.
Del resultado de esta conversación, dependerá la participación de algunos de ellos en el concurso de precios. Por el momento, ninguna compañía ha comprado los pliegos, pero desde el Ministerio de Economía y Energía se muestran confiados en que lo harán “una semana antes de la apertura de los sobres” ya que, mientras tanto, pueden consultarlos gratuitamente a en el portal oficial.
El gobierno mendocino espera recibir entre dos y tres propuestas, con dos alternativas cada una, de consorcios encabezados por empresas chinas en sociedad con compañías locales. Hasta el momento, las que han mostrado interés y realizado consultas son PowerChina), China Gezhouba Group Corporation (CGGC), China International Water & Electric Corporation (CWE).
Por la complejidad de las obras y los requisitos técnicos que incluyen los pliegos, ninguna de las constructoras argentinas tiene las maquinarias del tamaño pedido (compactadoras de rodillos) para llevarlas adelante, ni la experiencia que se pide en este tipo de represas, por lo que deberán asociarse con algunas extranjeras. Este es un punto que también ha molestado a las firmas locales.
“No hay empresas argentinas ni del resto del mundo, salvo los chinos, que tengan tres presas en los últimos años – explica Chediack -. Al final, Portezuelo del Viento es un paredón de 180 metros, pero hay que posibilitar a empresas que han hecho obras de similar importancia para que puedan participar. Hay que cambiar las bases de preclasificación”.
Los que más avanzados están en las negociaciones son los de CGGC, que actualmente están levantando las represas en Santa Cruz y están en manteniendo conversaciones con Panedile y la mendocina Pamar, de José Luis Manzano. Su suerte se definirá esta semana, señala el mismo empresario.
Sus planes también incluían sumar a IMPSA al consorcio, pero no pudieron llegar a un acuerdo con la fabricante mendocina de turbinas, explica. Esto los obligaría a buscar un tecnólogo internacional como socio, ya que la compañía fundada por la familia Pescarmona es la única que se dedica a este rubro en la Argentina.
Por esa razón, se ha tornado en la “niña bonita” de la licitación con la que todos quieren cerrar un acuerdo, porque esto les permitiría matar dos pájaros de un tiro ya que sumarían al mismo tiempo contenido nacional y local. Por esa razón, algunos empresarios acusan al gobierno provincial de haber armado el pliego a su medida.
“Son IMPSA más dos empresas que no pasan el filtro para integrar un consorcio internacional. Tan evidente es que se han unido y están haciendo una preselección para ver quién será el socio que elijan (pues no califican solos) y exigen para que seas el elegido ‘determinadas cosas’ – escribió el directivo de una constructora local en el mismo chat -. Una de ellas, CEOSA, tiene 300 cheques rechazados y la otra es una PyME. Su única virtud es que son ‘las amigas’ de [el ex gobernador Alfredo] Cornejo, que es quien sigue manejando todo”.
Desde el Ministerio de Economía y Energía niegan que esto sea así y le restan importancia a la ponderación que le puede sumar a la oferta el tener a la fabricante de turbinas como socia del consorcio, ya que calculan que sólo podría darle una ventaja del 20% que se lleva el contratista electromecánico, pero que de contar con empresas nacionales le permitiría sumar un 40%.
“La única ventaja que puede tener IMPSA es ser la única empresa nacional que tiene tecnología electromecánica que puede integrar el consorcio por la obligación que tiene el pliego de tener un líder civil y electromecánico con determinados antecedentes. Eso premia solo el capital nacional sobre 100 millones de dólares. De cualquier forma, más de la mitad de este equipamiento lo pueden fabricar más de diez talleres en la Argentina”, explica la misma fuente del gobierno mendocino.
Desde la compañía fundada por la familia Pescarmona, minimizan este factor ya que calculan que el tenerlos como socios y proveedores de las turbinas le dará una ventaja al consorcio de tan solo el 2,70%.
IMPSA conformó una UTE con las mendocinas Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA), y Obras Andinas, que se encargarán de parte de la obra civil, pero aún le resta decidir con qué constructora china se aliará para participar de la licitación, explica una fuente cercana a la compañía.
A su vez, la compañía ya cuenta con siete pequeñas y medianas empresas provinciales a las que subcontratará como proveedoras de parte de los equipamientos metalmecánicos que requiere la obra, señala y agrega que ya tienen el modelo hidráulico hecho, para el que invirtieron cerca de medio millón de dólares.
“Los que vienen trabajando hace seis meses tienen una ventaja sobre los que empezaron a hacerlo ayer y ya tienen las empresas, las calificaron, las comprometieron y las metieron adentro de una canasta. Los otros ni siquiera se les hicieron una propuesta”, destaca la fuente del gobierno provincial.
Hasta el momento, 42 compañías de diferentes rubros han mostrado un interés concreto en el proceso ya que fueron las que participaron en las dos visitas guiadas obligatorias (octubre de 2019 y abril de 2020) al lugar donde se levantará la represa hidroeléctrica. Si bien este es un requisito que plantea el pliego, las compañías pueden hacerlo por su cuenta y, luego, presentar una declaración jurada.
En ellas se encuentran, PowerChina, Synohydro, CGGC, Sumec Complete Equipment, CWE, Camargo Correa Infra Construcciones, Techint, OHA Construcciones, IMPSA, SACDE, José J. Chediack, Distrocuyo, Temec, Green, CEOSA, Decavial, Centro Construcciones, Obras Andinas, Nihuil Construcciones, Pamar, Panedile, Laugero, JyG Servicios, Arauca III, Ayfra-Triunfo-Vialagro, Bauer, Corporación de Sur, Genco, 1830, Rocau, TransBap, Campamentos, RM ARQ, Agrimensura y Servicios, Ingeniería y Construcciones Eléctricas, ACED, Bahamonde-Cavagnaro, Oeste Surtidores, Universo, FrioLatina, Frettes Hermanos, RIEC, y New Panel.
El consorcio que resulte adjudicado con el contrato deberá construir una represa de 176 metros de alto y 529 metros de largo, instalar tres turbinas Francis de 72,20 MW, además de realizar trabajos de campo, tres rutas, líneas de transmisión de alta tensión y relocalizar el poblado de Las Loicas.
El Ministerio de Economía y Energía espera tomarse un par de meses para analizar las propuestas, antes de dar a conocer el ganador de la licitación, aunque esto va a depender de la cantidad que haya que estudiar. Su objetivo es anunciar al consorcio vencedor antes de fin de año.
La continuidad del proyecto dependerá de que el gobierno nacional continúe pagando las Letras del Tesoro (Letes) en dólares que emitió en 2019 la administración de Mauricio Macri para financiar al proyecto y que tienen vencimientos trimestrales hasta 2024. Hasta el momento, la gestión de Alberto Fernández ha cumplido con las dos primeras cuotas que vencieron este año.
Estos títulos quedaron al margen del diferimiento de los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública nacional en moneda extranjera que el gobierno anunció el 5 de abril, ya que fueron incluidas en las excepciones establecidas en el artículo 2 del decreto 346.
La provincia cuenta con 37,26 millones de dólares en el fideicomiso creado especialmente para la construcción de la central hidroeléctrica correspondientes a los vencimientos de las primeras tres Letes, de octubre de 2019 y enero y abril de 2020.
Los próximos pagos de este año deberán ser realizados el 28 de julio (18,58 millones) y el 28 de octubre (29,99 millones). En tanto, el gobierno mendocino deberá recibir del Tesoro 232,98 millones en 2021; 211,22 millones en 2022; 448,03 millones en 2023 y 45,40 millones en 2024.

Fuente: Desarrollo Energético.