El año 2021 es para la energía mundial un año bisagra. La asunción del presidente Biden en los EE.UU. introdujo un giro copernicano en la política energética estadounidense: definió en forma clara su compromiso con la comunidad internacional en la lucha contra el cambio climático.

Con ello eliminó la incertidumbre global, que existió desde 2016 hasta el presente, relativa a los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asumidos en 2015 por la comunidad internacional.

El cambio de actitud de la Casa Blanca tiene un efecto importantísimo ya que se trata del mayor emisor histórico de GEI; y actualmente -junto a China- son los responsables de más de un tercio de las emisiones mundiales. Sería imposible implementar una solución global como la que se requiere sin que estos dos países actúen en forma coordinada, consensuada, controlada y cooperativa.

Dos nuevos hechos son concurrentes con lo anterior. El primero, de gran valor político, fue la cumbre del Cambio climático virtual realizada el 22 de abril de la cual participaron los líderes de 40 países que representan el 80 % de las emisiones totales, entre ellos la Argentina representada por el presidente Alberto Fernández.

En esa cumbre, se ratificaron y potenciaron los compromisos de reducción de emisiones comprometidas en París en 2015.

El segundo hecho significativo de carácter técnico es la publicación el 18 de mayo del documento “Cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050”por parte de la Agencia Internacional de Energía (https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050).

El trabajo contiene una proyección de la oferta y la demanda de energía compatible con una Transición Energética Mundial que permita mantener el calentamiento global en un máximo de 1,5° C con respecto a los niveles vigentes en la era preindustrial. Es valioso porque dimensiona los esfuerzos y las profundas transformaciones que será necesario realizar para alcanzar esos objetivos.

Órdenes de magnitud: 1.- La demanda mundial de energía en 2050 será alrededor de un 8% más pequeña que la actual, para una economía mundial en expansión, lo que implica un extraordinario aumento de la eficiencia. 2.- Se proyecta una reducción de la demanda mundial de carbón del 90 %; la demanda de crudo disminuirá un 75 %, y la de gas natural de 55% respecto a los niveles actuales. 3.- Habrá un gran crecimiento de las energías renovables que provendrán de la energía eólica, solar, bioenergética, hidráulica, y también de un mayor uso de la energía nuclear. 4.- Se producirá un gran crecimiento de las formas eléctricas de la energía en detrimento entre otros del uso directo de los combustibles para el transporte.

Es obvio que una transformación como la descrita tendrá un gran impacto en las estructuras productivas de la Energía en cada uno de los países que integran la comunidad internacional, entre ellos la Argentina. Nuestro país no podrá evitar el impacto.

Dentro de ese contexto de compromisos internacionales resultan altamente preocupantes las inconsistencias del gobierno en las políticas energéticas que son impulsadas a veces desde la Administración central, y a veces desde el Parlamento.

Contribuyen al desorden las presiones corporativas -en un contexto de extrema debilidad estatal-impulsadas por integrantes de las industrias energéticas que van a ser objeto de las transformaciones y reemplazos en los próximos años.

Es explícito que la corporación petrolera impulsa una explotación acelerada de los recursos de Vaca Muerta en los próximos 20 años sin tener en cuenta que aún este yacimiento no ha probado su factibilidad integral ni en petróleo ni mucho menos en gas natural con las condiciones de mercado actuales. Y que difícilmente sean viables en un futuro de reducción de precios mundiales de los hidrocarburos que se pronostican frente a la caída de la demanda mundial.

El Gobierno ha anunciado el envío al Congreso de un régimen legal de promoción de la producción de hidrocarburos basado en extender aún más los enormes subsidios a la oferta que ya existen para la producción de gas natural y el precio sostén para el crudo –barril criollo- sin los cuales la industria no compite. Subsidios que por otra parte son de imposible financiamiento.

Es insólito que el Gobierno argentino en vez de asumir su obligación de proponer una estrategia energética plasmada en un Plan Energético de largo plazo con suficiente consenso político y aprobado por ley de la Nación, haya perdido el tiempo de la mitad de su mandato.

Más negativo aún es haber elegido el camino equivocado de dejar el diseño de la estrategia en manos de una unión provincial sindical y privada que impulsa un desarrollo de hidrocarburos futuro que está puesto en duda en la política energética mundial; y además lo haga con un uso creciente de recursos públicos.

Forman parte de la inconsistencia gubernamental iniciativas contradictorias y negativas tales como la reciente sanción con fines exclusivamente electorales de la “ley de zonas frías para el gas” que subsidia y alienta el consumo dispendioso de los que despilfarran el gas en zonas cálidas.

Lo mismo ocurrió con la reciente sanción de una ley de Biocombustibles que ni sirve al bien común, ni se inscribe en una estrategia energética de largo plazo.

Los enunciados anteriores son suficiente muestra de un accionar errático que debe ser modificado como condición “sine qua non” en un país como la Argentina que integra el selecto conjunto de los países que deben tomar las grandes decisiones energéticas mundiales.

Fuente: Jorge Lapeña vía Clarin: ex secretario de Energía, Presidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi.