El Observatorio del RIGI presentó su segundo boletín informativo titulado “El RIGI avanza, ¿y la Argentina?”, en el que analiza los impactos del régimen de incentivos a dos años de su entrada en vigencia. La conclusión central es que el programa consolidó un perfil extractivo, concentrando beneficios en minería y explotación de hidrocarburos, sin dinamizar nuevos sectores productivos.
De acuerdo con el documento, de los 40 proyectos presentados, 21 ya fueron aprobados: 12 vinculados a minería, 5 a petróleo y gas y 4 a energía, infraestructura y siderurgia. La mayoría se concentra en cinco provincias: San Juan, Catamarca, Mendoza, Neuquén y Río Negro.
La investigadora del CONICET Luciana Ghiotto señaló que el RIGI es un elemento clave de la política de la gestión de Javier Milei, orientado a atraer inversiones en sectores extractivos. “Estamos hablando de pasar del foco industrial bonaerense hacia el extractivismo de la Cordillera de los Andes: minería en el norte y Vaca Muerta en el sur”, explicó.
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En paralelo, el informe destaca al cobre como mineral estratégico para la transición energética. Argentina posee el 1,8% de las reservas mundiales, lo que, aunque parezca marginal, representa un potencial significativo dado que el país no había explotado este recurso a gran escala previamente.
Entre las críticas, el Observatorio advierte que las empresas beneficiadas por el régimen no están obligadas a contratar mano de obra local ni a utilizar insumos nacionales, lo que genera el riesgo de conformar economías de enclave desconectadas de la economía provincial y nacional.
Otro punto controvertido es la posibilidad de que las compañías recurran al arbitraje internacional —como el CIADI o cortes de Nueva York y Londres— ante cualquier conflicto con regulaciones ambientales, tributarias o contractuales. Para los especialistas, esto implica un “chantaje” que limita la capacidad regulatoria del Estado argentino.
El balance del Observatorio concluye que el RIGI ha sido altamente beneficioso para las empresas, pero deja pocos retornos para la economía nacional, reforzando un modelo extractivo con escasa integración productiva y riesgos de dependencia externa.
