El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), creado en 2024 por el Gobierno de Javier Milei, se consolidó como motor de proyectos estratégicos en hidrocarburos y minería, pero también abrió un debate sobre su perfil extractivo y los impactos socioambientales.
De acuerdo con cifras oficiales, 44 proyectos con inversiones comprometidas por USD 198.979 millones solicitaron su adhesión al régimen. Entre ellos, 21 ya fueron aprobados, con inversiones por USD 46.708 millones: 12 mineros, 5 de petróleo y gas, y 4 de energía, infraestructura y siderurgia. Otros 23 proyectos están en evaluación por USD 152.271 millones, mayormente en hidrocarburos y minería.
El Observatorio RIGI, integrado por organizaciones sociales y académicas, señaló que el régimen “consolidó un perfil fuertemente extractivo y no dinamizó nuevos sectores”. Actividades como turismo, forestoindustria y energías renovables muestran participación marginal o directamente no registran proyectos.
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Con el decreto presidencial de febrero de 2026, la orientación se profundizó: se incorporaron proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, se prorrogó el plazo de adhesión hasta julio de 2027 y se flexibilizaron condiciones para ampliaciones. El cambio impulsó un salto en la cantidad y monto de proyectos, especialmente en Vaca Muerta, que ya registraba niveles récord de inversión y producción.
Según el informe, también hubo un “retroceso en materia de regulación ambiental”, con la reforma de la Ley de Glaciares que habilita actividades mineras cerca de campos de hielo, incluso en proyectos beneficiados por el RIGI. Además, se puso la lupa en los ingresos fiscales que el Estado dejará de percibir por los beneficios otorgados a las empresas.
Por otro lado, el Gobierno impulsa la creación del denominado “súper RIGI”, orientado a nuevas industrias como inteligencia artificial y centros de datos, con inversiones mínimas de USD 1.000 millones. Según el Observatorio, esta ampliación “no corregiría los desequilibrios del régimen vigente, sino que extendería su lógica extractiva a sectores tecnológicos de alto consumo energético e hídrico”.
