La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves proyectos de Comunicación y Declaración que respaldan la modificación de la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos, con el objetivo de que las provincias reciban una mayor proporción de los recursos.
La iniciativa cobra relevancia tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno nacional para que la provincia asuma la gestión de tramos de las rutas nacionales 22 y 151.
El proyecto, impulsado en el Congreso por el senador Martín Soria, propone elevar del actual 10,40 % al 26,98 % la participación de las provincias en la recaudación del tributo y crear un fondo específico del 5 % adicional para aquellas jurisdicciones que firmen convenios de administración de corredores nacionales.
Dentro de los puntos centrales, se establece que ese 5 % se distribuya proporcionalmente según la cantidad de kilómetros de rutas nacionales transferidos a cada provincia. El objetivo declarado es financiar el mantenimiento y las reparaciones de esos corredores, en un esquema que busca acompañar la transferencia de responsabilidades con recursos equivalentes.
En el caso de Río Negro, la discusión coincide con la aprobación de la transferencia de sectores de las rutas 22 y 151. La primera atraviesa el Alto Valle y constituye un eje productivo y urbano clave, mientras que la segunda conecta el norte provincial con La Pampa y forma parte de los corredores hacia Vaca Muerta.
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Por su parte, el respaldo legislativo reunió a distintos bloques políticos, entre ellos Vamos con Todos, PJ Nuevo Encuentro, Juntos Somos Río Negro, la UCR y la Coalición Cívica ARI Cambiemos. Durante el debate, el presidente de Vamos con Todos, José Luis Berros, advirtió: “No podemos aceptar que Río Negro se haga cargo de las rutas nacionales sin los recursos que los propios rionegrinos aportan cada vez que cargan combustible”.
El esquema propuesto contempla además un 10,40 % para el Tesoro Nacional, 15,07 % para el Fondo Nacional de la Vivienda, 28,69 % para el Sistema Único de Seguridad Social, 4,31 % para infraestructura hídrica, 7 % para infraestructura de transporte y 2,55 % para compensaciones al transporte público.
Finalmente, la definición dependerá del Congreso Nacional, que deberá debatir la modificación del reparto del impuesto. Para proveedores viales y logísticos, la aprobación del fondo adicional implicaría nuevas oportunidades de contratación en mantenimiento y obras de infraestructura, mientras que para las provincias significaría un alivio fiscal frente a la transferencia de corredores nacionales.
