La situación de la empresa es sumamente delicada, tanto desde el punto de vista financiero como desde la perspectiva de trabajos en la post pandemia.

La situación de la empresa San Antonio Internacional es sumamente delicada, tanto desde el punto de vista financiero como desde la perspectiva de trabajos en la post pandemia, a partir de la baja de equipos que estaban contratados por YPF en la cuenca San Jorge, a la que podría sumarse la caída de otros contratos. Esto podría desestabilizar además a unas 80 empresas que son subcontratadas por el gigante de servicios petroleros, que entre equipos de torres y servicios especiales abona salarios por 4 millones de dólares mensuales, entre todas las cuencas del país.

La definición más aproximada para “momento delicado” para esta empresa petrolera sería la siguiente: de un total de 86 equipos de torre afectados a la actividad, hoy están trabajando sólo 16 (14 de pulling y 2 perforadores). El resto se encuentra en “stand by”, con reconocimientos de tarifas previstos para estos casos, aunque según las situaciones esto puede variar entre el 50 al 35 por ciento del costo habitual, según comentan quienes conocen al sector desde adentro.

“En la industria todos saben que la post pandemia no será igual que lo que hubo hasta antes del inicio, pero en algunos casos los interrogantes son mucho más graves, porque no se trata sólo de un reemplazo de contratos”, reflexionan en ámbitos petroleros, al evaluar el impacto que podría provocar el incierto futuro de la compañía.

Adquirida en el año 2018 por el grupo norteamericano Lone Star, el manejo de la compañía quedó concentrado en Argentina a partir de apellidos muy vinculados a la gestión de gobierno de Mauricio Macri. Aunque en cercanías de la empresa rechazan el rótulo de empresa “macrista”, tanto como se aplica en otra vereda a firmas “kirchneristas”, lo cierto es que no se niega la vinculación con ejecutivos que estuvieron cerca del gobierno de Mauricio Macri.

Apellidos como el de Sebastián Caputo u otros vinculados al grupo Pegasus (de la cadena Farmacity, perteneciente a Mario Quintana, que fuera vicejefe de gabinete en la primera parte del gobierno del ex presidente) hacen inevitable esa relación externa.

“No tiene nada que ver la conducción de una empresa y su estrategia de negocios con una gestión política en particular”, rechazaron fuentes cercanas a la compañía, ante la consulta de ADNSUR. “También en su momento estuvo Jesús Grande, un ex YPF”, añaden. “Además, los representantes del fondo de inversión no tienen un rol dentro de la empresa”.

Lo cierto es que, aunque se pretenda dejar de lado, esas circunstancias forman parte de un contexto en el que las dificultades para SAI no terminan en el plano petrolero, donde ocupa a 3.700 trabajadores en todo el país, de los cuales 1.700 se desempeñan en San Jorge. También en el plano financiero hay señales preocupantes, particularmente en lo que refiere a las prórrogas para el pago de créditos que, según pudo conocer esta agencia, se tornaron en trámites casi insalvables para esta compañía en particular. Además, la compañía está en un proceso de renegociación de dudas por 105 millones de dólares, según trascendió en medios nacionales y ratifican desde la propia empresa.

Pulseada de gigantes

En ese marco, la finalización de contratos de trabajos abre nuevos interrogantes. “El gobierno nacional ha firmado por un lado los decretos para evitar despidos y cuidar las fuentes de trabajo, pero por otro YPF toma una decisión como ésta –dijo un observador al evaluar la caída del contrato-. Es por lo menos contradictorio”.

Desde ámbitos sindicales observan con atención los acontecimientos, pero toman una distancia entendible: “si una operadora rescinde un contrato con una empresa de servicios, tendrá que contratar a otra y se garantizarán los puestos de trabajo. El problema empresario no es nuestro”, dicen con razón, desde esos ámbitos. Sin embargo, no se desconoce que el traspaso y la continuidad laboral no es automático, mucho menos cuando las señales de reactivación de demanda no aparecen. En concreto, no hay certezas de que los 6 equipos que “bajaron” en San Jorge (2 perforadores y 4 work over) puedan subir de nuevo, más allá de la empresa que los proveea.

Junto con los empleos directos, debe atenderse también la situación de empresas subcontratadas por esta compañía. En ese universo hay no menos de 80 pymes del golfo San Jorge, cuya estabilidad sin trabajos garantizados sería bastante difícil de sostener. En ese marco, para dar magnitud del impacto de la actividad del gigante, se sumarían otras 90 empresas que trabajan en forma indirecta y que también se verían afectadas.

Con dificultades para el pago de haberes en los últimos dos meses, en los que debió abonar “en dos cuotas”, hay quienes se preguntan si el nuevo escenario dejará de contar con uno de los gigantes petroleros, o si se trata de un reacomodo natural de “placas” del movedizo terreno en que transcurre el negocio petrolero en tiempos del COVID 19.

“Siempre hay negociaciones y disputas para fijar condiciones”, alertan algunos observadores. “Si es una empresa con tantas dificultades, no sería raro que se esté pensando en cambios de nombres”, advierten en otros ámbitos. Sobre todo, cuando se tiene en cuenta que también otras operadoras podrían tomar similar decisión de no dar continuidad a los contratos.

Fuente: ADN Sur.