Para proceder con la apelación y evitar que los demandantes ataquen activos extranjeros propiedad de Argentina, la defensa deberá solicitar a la jueza Loretta Preska que conceda una excepción para que el país pague la fianza.

Tras la sentencia adversa del Estado por la Expropiación de YPF, que obliga a Argentina a pagar US$ 16.000.000.000, Burford Capital solicitó la exportación de activos del país. En los próximos días, se prevé que el juez de la causa convoque a una reunión de las partes para discutir este tema.

Así lo indicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue el caso: “Burford pidió poder avanzar con los embargos a partir del 16 de octubre, así que no creo que la jueza Loretta Preska deje pasar esa semana sin convocar a una conferencia entre ambos”.

El gobierno anticipó que la defensa argentina tendría la intención de apelar. Sin embargo, los abogados deberán hacer un pedido especial al juez para poder continuar por ese camino sin poner en peligro a los argentinos que se dedican a la actividad internacional.

Sebastián Maril

“Para evitar que los demandantes vayan contra activos del Estado mientras apela, la Argentina tiene que depositar un bono de garantía equivalente al monto del fallo. Es decir, US$16.000 millones. Por supuesto, el país no lo puede afrontar, entonces, es probable que la defensa esté armando un escrito en el que le pida a la jueza Preska que la exima del bono porque se trata de un país pobre que sufriría daños irreparables si tuviera que hacer ese pago”, dijo Maril.

El analista afirmó que la Argentina utilizó con éxito la misma estrategia hace menos de un mes en Londres cuando era juzgada por 1.300 millones de euros para el pago del PBI. Maril añadió: «Podría incluso ofrecer depositar un bono simbólico por una cantidad menor.

Al mismo tiempo, no se descartó que la defensa del país presente una carta al juez Preska solicitando la suspensión de todos los procedimientos relacionados con la demanda hasta después de que finalicen las elecciones presidenciales en Argentina para que la próxima administración pueda elegir un curso de acción. acción y sentirse cómodo negociando.

Incluso si no hay embargos, la principal desventaja de continuar con el litigio es que costará más en honorarios e intereses legales. «Son alrededor de 1.000 millones de dólares anuales, y si llegan a la Corte Suprema, ascenderán a 3.000 millones de dólares», declaró Maril.

Un pleito que podría prolongarse durante años

Aunque el experto cree que darle la razón a la parte demandante e intentar obtener una reducción sería lo más prudente, cree que el Gobierno optará por la vía de los recursos, que podrían tardar años en resolverse.

Según él, cualquier autoridad local evitará cometer el error si todavía investiga opciones legales. ¿Por qué? para evitar un juicio político en el futuro. Al respecto, recordó la resolución del litigio judicial con los fondos perforadores: “Cuando Mauricio Macri le pagó a los holdouts, lo envió el Congreso. Lo mismo debería suceder en este caso. La ventaja de apelar es que gana tiempo y, además, puede llegar a dar vuelta la sentencia y ganar”.

Respecto a los embargos, Maril afirmó que es difícil precisar exactamente qué actividades realizadas por argentinos en el exterior podrían caer bajo esta táctica. “No se puede embargar embajadas, ni cuentas, ni los aviones de Aerolíneas Argentinas porque la mayoría son prestados. La realidad es que Burford quiere cobrar el juicio, no le interesan los bienes a embargar en sí mismos”, dijo para cerrar.