Incómodos. El grueso de los contratos está en dólares. Será muy difícil pagar la energía mayorista en pesos. El desafío de actualizar valores y evitar la inflación.

Aunque un sector del gobierno lo anhele con vehemencia, la pesificación total de las tarifas energéticas parece un cometido muy difícil, incluso por la propia orientación de la política oficial. Hasta el momento en la administración de Alberto Fernández prima la determinación de no vulnerar los contratos o precios fijados en dólares para ninguno de los primeros eslabones de la cadena de electricidad, gas y petróleo. En todo caso, podría intentarse un “reperfilamiento”, bajo el axioma de que los costos energéticos se ajusten a los criterios de “sustentabilidad económica” y “equidad distributiva”.

El jueves 5 de marzo, Economía realizó el último pago del estímulo a los productores de Vaca Muerta, que les garantiza este año cobrar 6,5 dólares el MBTU, valor que duplica el promedio de mercado. Correspondería a una orden impartida por la anterior administración que ésta pagó al fin. También honró el pago del bono en moneda dura a los acreedores del eliminado Plan Gas, que implica alrededor de 50 millones por mes.

A ese esfuerzo fiscal se añade, al menos otro: por congelar el impuesto que grava a las naftas y al gasoil, el fisco dejó de recaudar 1.800 millones de pesos en el primer bimestre del año. Esos datos son tan ciertos como que el aporte estatal al sector cayó abruptamente en el último año, pero sigue siendo prominente y embreta las decisiones del gobierno.

Por un lado, las cuentas públicas no dejan mucho margen para contener las tarifas aumentando las subvenciones. Por el otro, la necesidad de reanimar la producción de hidrocarburos tampoco habilita ninguna medida drástica que retraiga más las inversiones. Desde que la gestión de Mauricio Macri recortó el subsidio al gas no convencional y se frenó ajustes en el crudo y combustibles, hubo un parate de equipos.

Utilizando su acotado margen de maniobra, Energía empezó la reformulación de los precios del sector pesificando el pago a algunas usinas eléctricas y centrales hidráulicas, cuya remuneración está fijada por esa secretaría. Esos precios mayoristas seguirán subiendo, pero atados a la inflación y no al tipo de cambio.

La administración de Alberto Fernández no alteró el pago al resto de las centrales, que tienen contratos en dólares y, en algunos casos, con valores que triplican o cuadruplican los flamantes pesificados.

Según el reporte de gestión del ex secretario Gustavo Lopetegui, algunas usinas cobran más de 200 dólares el megawatt hora contra los poco más de 60 promedio del sistema. Este paquete oneroso incluye acuerdos con proveedores de energía renovable de larga data, como el del parque eólico Rawson, que cobra 124 dólares por los 77 mega de electricidad licitados en el 2009.

Cuando acabe la discusión global sobre la deuda, Desarrollo Productivo sugirió que podría sentarse con las empresas del sector para buscar modificaciones consensuadas que permitan bajar esos precios. Esta hipótesis de trabajo oficial consistiría en “reperfilar”, eventualmente modificando formas de cobro u otros mecanismos que impactan en el valor final sin cambiar unilateralmente los compromisos.

Esta área de gestión pública aún está en etapa de consolidación y el Estado dispone hasta junio para redefinir íntegramente los cuadros tarifarios energéticos, que incluyen al transporte y distribución. Uno de sus desafíos es, justamente, cómo evitar el pase automático de los precios del primer eslabón al último.

Eje al desnudo

La resolución que pesificó una parte de la generación eléctrica (31/2020) desnuda el eje argumental del gobierno en la materia.

En los considerandos se postula ajustar la remuneración “no comprometida en cualquier contrato”, aunque “propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias para el año 2020”. Los principios rectores para esos cambios son el de la “equidad distributiva” y el de la “sustentabilidad económica”, definida como la posibilidad de trasladar los costos a los usuarios finales.

A esa vara añade la voluntad de considerar la magnitud de la devaluación, con el presunto fin de moderar su impacto. “La variación del tipo de cambio fue significativamente mayor a la variación de los costos de producción de energía eléctrica, por lo que deviene necesario restablecer la relación entre ellos”, explica la norma.

Estos conceptos abren la puerta para reformular los cuadros tarifarios con nuevos parámetros y, eventualmente, contratos firmes con los proveedores de bienes energéticos. Pero esto no significa que las tarifas vayan a quedar inertes ni que el dólar deje de ser moneda de referencia en el sector.

Fuentes allegadas al Gobierno aseguran que para desarrollar Vaca Muerta es necesario que el gas cueste en el mercado interno al menos 3,5 dólares el MBTU. Y esa estimada remuneración a las petroleras no contempla el costo de la infraestructura necesaria para exportarlo y generar el prometido boom del yacimiento.

En ningún despacho oficial se postula seducir inversiones privadas promoviendo un quiebre de esta regla, que también ayuda a YPF, la petrolera de mayoría estatal que hoy exhibe un cuadro económico financiero delicado.

Lo que aún no está claro es cómo se realizará el pase o traspaso (pass through) del precio de producción a la boleta final. Más aún: la actual tarifa de gas está calculada con un tipo de cambio de referencia de 41 pesos por dólar y una de las primeras definiciones que deberá afrontar por el nuevo titular del Enargas, Federico Bernal, es qué hacer con ésto.

Los valores de las naftas están contenidos provisoriamente. Alberto Fernández y Matías Kulfas fueron sinceros cuando expusieron en la Rosada hace dos meses ante la plana mayor petrolera que comulgaban con el criterio de que el crudo cueste en Argentina tanto como en el mundo (que las petroleras cobren adentro tanto como si exportaran) Por supuesto, en dólares. Tan honestos como cuando hicieron saber que la angustia no resuelta era cómo garantizar ese maridaje evitando el impacto inflacionario que de tiene la suba de los combustibles, objetivo prioritario.

La gran baja que tuvo el precio internacional esta semana, coletazo del coronavirus y los desacuerdos entre la OPEP y sus socios para bajar la producción, desanima inversiones pero alivia aquel punto de discusión con las empresas.

Fernández necesita el semestre para clarificar criterios, que no son comunes ni dentro de su propio staff, como muestra la redacción del mentado y controvertido proyecto de ley para animar inversiones en hidrocarburos.

Fuente: Clarín.