El de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, reclamó políticas que tiendan a recuperar el precio del bioetanol.

La reconstrucción de la economía debe darse de norte a sur y de este a oeste del país. Frente a esa premisa, el Gobierno nacional debe aguzar su mirada con sentido federal, de tal manera de contemplar la realidad de las economías regionales a la hora del despegue, una vez que se reestructure la deuda argentina. Los empresarios petroleros insisten en un proyecto de ley para blindar el yacimiento de Vaca Muerta a los vaivenes económicos.

Las provincias que componen la liga bioenergética creen que también es necesario contemplar al biocombustible en un régimen de protección. “Personalmente, creo que si tenemos que blindar Vaca Muerta, también hay que hacerlo con el biocombustible, en primer término, con una nueva ley que garantice su producción y le de viabilidad en el tiempo”, dijo a LA GACETA el ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández. Recientemente llegado desde Dubai, donde encabezó la misión comercial tucumana en la feria Guldfood, el también presidente del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP) ponderó la sanción de la Legislatura de una iniciativa que insta a los representantes locales en el Congreso a que soliciten la prórroga de la vigencia de la ley que regula la producción y el uso sustentable de biocombustibles (26.093). Pero, además, reforzó la idea de contar con una nueva norma federal.

– ¿Por qué la producción de bioetanol atraviesa la actual situación?

– Hasta octubre de 2017, el bioetanol a base de caña de azúcar, venía recorriendo un camino promisorio de inversiones. Una resolución del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, rompe la seguridad jurídica y se deja de aplicar una fórmula de precio que se había acordado oportunamente. Ese valor cayó paulatinamente y hubo una transferencia de recursos del sector productivo cañero, maicero y de biodiesel en favor de las petroleras. Por incapacidad y por ignorancia de los funcionarios que posteriormente estuvieron a cargo de Energía (Javier Iguacel y Gustavo Lopetegui), se terminó de arruinar la ecuación con un manejo arbitrario del precio. En definitiva, no se respetó ninguna de las variables que estaban relacionadas con los costos de producción tanto para el bioetanol (maíz y caña de azúcar) como para el biodiesel.

– ¿En qué se tradujo eso?

– El precio está un 30% por debajo de lo que debería estar si se hubiera respetado la fórmula original. Esto, asociado a la falta de financiamiento, en el caso particular de la caña, esto se tradujo en una sobreoferta de azúcar en el mercado con la consecuente caída del precio del producto y del alcohol. Tenemos hoy un precio muy por debajo de los costos de producción que lleva a que la ecuación sea absolutamente negativa.

– ¿Qué políticas para la actividad esperan de la actual gestión a nivel nacional?

– La expectativa es que la gestión del presidente Alberto Fernández ponga las cosas en su lugar, lo cual implica un precio retributivo, tal como lo dice la ley. Esto quiere decir un respeto al valor que toma en cuenta el costo de producción más una utilidad razonable, de acuerdo con la normativa vigente, respetando los volúmenes de mezcla, con un programa inmediato que reactive lo que dice la ley vigente, pero pensando en un nuevo marco jurídico. Creo que si tenemos que blindar el yacimiento Vaca Muerta -como propician las petroleras-, también debemos hacerlo con el biocombustible, en primer término, a través de una nueva ley que lo contemple específicamente.

– ¿Cuál es el argumento de base?

– El mayor valor agregado para el maíz, para la caña de azúcar y también para la soja. Esto significará más desarrollo y más trabajo para las economías regionales. Y estamos hablando del desarrollo de una decena de provincias involucradas en la producción de combustibles alternativos. Mínimamente, tenemos que cumplir con nuestros compromisos internacionales de bajar los niveles de emisión de dióxido de carbono. Tal es el desconocimiento sobre el asunto que la normativa de subsidios al transporte sólo se ha mencionado al gasoil y no al biodiesel, por caso. Varios municipios importantes como Rosario (Santa Fe) tenían toda su flota de transporte público con biodiesel. Eso es ir marcha atrás en el uso de los combustibles alternativos.

– ¿Cuál es el camino que debería seguir el Gobierno nacional en el tema?

– Hay que tratar una nueva ley de biocombustible que lo blinde en serio, más que propiciar, por ejemplo, la quita o baja de impuestos para la importación de autos eléctricos cuando la matriz energética nacional tiene un 75% de energía producida a partir de combustibles fósiles. Podes no tener emisiones de dióxido de carbono por el lado de los autos, pero sí desde las plantas generadoras de energía. O sea, que lo mismo se hace daño al medio ambiente.

– El actual secretario de Energía, Sergio Lanziani, propuso conformar una mesa de trabajo para analizar alternativas que permitan salir de la crisis…

– Me parece importante que se convoque a una mesa con los representantes públicos de provincias productoras para que se formulen políticas públicas. Todos queremos que la actividad recupere el precio del bioetanol; después vemos el aumento del corte y también el impulso de los autos flex. Brasil es un caso de éxito sobre la viabilidad del sistema. Somos importadores de gasoil y de nafta y creo que podríamos reemplazar eso con la promoción de la producción de más alcohol y de biodiesel y dejar de gastar los dólares que no tenemos.

Fuente: La Gaceta.