La reunión de la comisión de Energía está agendada para las 13 horas y generó polémica entre las petroleras, que no fueron convocadas para dar su opinión sobre una iniciativa que cuestionan.

La comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado tratará este jueves tres proyectos de ley que buscan prorrogar el esquema actual de biocombustibles por hasta 15 años. La reunión está agendada para las 13 horas y generó polémica entre las petroleras, que no fueron convocadas para dar su opinión sobre una iniciativa que cuestionan. Llama la atención la ausencia de YPF, la petrolera controlada por el gobierno, que al ser el mayor jugador del mercado de combustibles es el actor protagónico en el tema.

“Invitaron a las productoras de biocombustibles, pero dejaron afuera a los fabricantes de vehículos (nucleados en Adefa) y a nosotros, que también queremos hablar”, señalaron a Econojournal desde una compañía de hidrocarburos. En la secretaría de Energía y el Ministerio de Economía esta tarde tampoco estaban al tanto de la movida.

Intereses en conflicto

Las petroleras sostienen que no puede prorrogarse prácticamente sin debate un régimen que otorgó cuantiosos beneficios fiscales para la construcción de plantas productoras de biocombustibles y les aseguró un mercado cautivo y exenciones impositivas.

A la controversia por el beneficio económico afrontado por el Estado para subsidiar a empresas como Bunge, Aceitera General Deheza y Vicentin, se suman también cuestionamientos por la calidad de un producto. “Genera  innumerables problemas de distinta índole en los motores de los vehículos, principalmente los que utilizan diésel”, afirman.

Las compañías de hidrocarburos afirman que el incentivo que reciben las productoras de biocombustibles genera una oferta cartelizada, con un mercado cautivo y precio garantizado. “El precio al consumidor termina siendo mayor, ya que el costo en puerta de refinería del combustible fósil es menor al del biocombustible”, remarcan.

“El Estado no percibe divisas por exportaciones de maíz, soja y sus derivados, que se podrían exportar, y deja de recaudar los impuestos no cobrados a la venta del combustible. En 15 años el esquema de promoción impositiva actual tuvo un débito fiscal de 6000 millones de dólares (por menor recaudación de impuestos) y una pérdida de divisas de 1400 millones de dólares por aceite de soja y maíz que podría haberse exportado y terminó volcándose al mercado interno”, agregan.

Los productores de biocombustibles afirman, en cambio, que el régimen permitió la creación de empleos calificados directos e indirectos en doce provincias, aumentó la tecnologización industrial, generó un flujo positivo de divisas y permitió reducir la utilización de los combustibles tradicionales, lo cual se traduce en un ahorro en materia de emisiones de gases de efecto invernadero.

Desde la sanción del régimen, la producción de biodiesel pasó de unas 700 mil toneladas en 2008, destinadas prácticamente en su totalidad a la exportación, a 2,8 millones de toneladas en el pico de 2017, de las cuales la exportación significó el 57 por ciento.

Argentina es el principal exportador de biodiesel y entre los cinco primeros productores. En el caso del bioetanol, la producción pasó de cero a 1,1 millón de metros cúbicos en la última década, destinado en su totalidad al mercado interno.

“Siendo nuestro país uno de los mayores productores y exportadores de biodiesel, transcurrido un tiempo significativo desde el nacimiento de la industria resulta contradictorio que el producto de exportación satisfaga exigentes normas internacionales mientras que el disponible para mezcla local no alcance, en muchos casos, a cumplir sostenidamente la normativa vigente”, le escribieron en septiembre del año pasado a la secretaría de Energía las empresas que comercializan combustibles en el país, con YPF a la cabeza.

“Las pérdidas para las arcas públicas no solo se encuentran en las exenciones impositivas de los biocombustibles desde hace 14 años, sino en impuestos que el país dejó de recibir por exportaciones de esos productos que pudieron haberse hecho en calidad de biocombustibles o inclusive aceites o harinas”, señaló Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys).

“En 15 años el esquema de promoción impositiva actual tuvo un débito fiscal de 6000 millones de dólares por menor recaudación de impuestos y una pérdida de divisas de 1400 millones de dólares por aceite de soja y maíz que podría haberse exportado y terminó volcándose al mercado interno”, agregó Bronstein.

Qué son los biocombustibles

Son combustibles elaborados a partir de materias primas vegetales. Con caña de azúcar o granos de maíz se produce bioetanol, que se puede mezclar con nafta y usar en el motor de un auto.  Con aceite de soja se produce biodiesel, que se puede mezclar con gas oil y usar en un motor diesel.

Argentina tiene uno de los porcentajes de mezcla más altos del mundo, 10% en naftas y 12% en gas oil, solo superado por Brasil y Paraguay en etanol (25%) para las naftas e Indonesia y la India en Biodiesel (20%) para el gas oil.

Qué dice la ley actual

En 2007 se promulgó la ley 26093, que dispuso la mezcla de biocombustibles en los combustibles fósiles y otorgó incentivos fiscales a la producción de biocombustibles. En aquella época, en un contexto de altos precios internacionales de petróleo, había además un beneficio económico sobre el precio final del combustible al utilizarse otro producto (biocombustible) de menor valor al tradicional de origen fósil. Al poco tiempo, ese beneficio económico, a partir de la baja del precio del petróleo y el alza de los productos agropecuarios, se revirtió.

La ley 26.093 dio hasta el año 2021 beneficios fiscales a proyectos de construcción de nuevas plantas, les aseguró un mercado cautivo y un precio fijado por el Estado. Asimismo, el biocombustible agregado a la nafta y al gas oil no paga el impuesto a los combustibles y al dióxido de carbono. Solo quienes se dediquen a la actividad agropecuaria pueden producir biocombustibles, y únicamente se permite la importación si no hay suficiente producción local.

Las petroleras remarcan que están obligadas a comprar biocombustible a los productores locales, mezclarlo en sus productos y distribuir y comercializar la mezcla; con lo cual el productor de biocombustible no tiene costo de distribución y comercialización, ni tiene que operar y mantener una red de estaciones de servicio para su actividad.

Quiénes producen biocombustibles

Los mayores productores de bioetanol a partir de caña son los grandes ingenios del NOA: Ledesma, Tabacal (Seaboard) y La Florida (grupo Los Balcanes), y otros más chicos como ingenio Leales (del grupo Budeger, controlante del ingenio La Esperanza), Bio Atar (grupo Luque), Santa Rosa, La Trinidad, entre otros.

Los mayores productores de bioetanol a partir de maíz son Diaser (flia. Diaser), Promaiz (Grupo Aceitera Gral. Deheza y Bunge) y Vicentín. Y entre los más pequeños: Maiz Energía, ACA BIO (de ACA Asociación Cooperativas Argentinas), entre otros. Están ubicados principalmente en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

Por otra parte, los mayores productores de biodiesel se dedican únicamente a la exportación y no están en el régimen de promoción: Cargill, COFCO, Molinos, Renova (sociedad de Glencore y Vicentín).  Para el mercado local producen Explora (grupo Endriven), Unitec BIO (Corporación América), Patagonia Bioenergía (Vicentín y otros), Aripar, Biobahia y Bioramallo (Grupo Bojanich), Cremer (empresa alemana) y algunas pymes como BH Biocombustibles y Soy energy.

El sector de bioetanol genera unos 500 puestos de trabajo; y la producción de biodiesel, unos 2000.

Fuente: Econojournal.