El Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” culminó un seminario de tres días con especialistas en los que se abordó la problemática de la transición energética, y los altos costos y pérdidas millonarias que afrontaría el país si no adopta una política energética clara, distinta a las propuestas en el proyecto de ley.

Argentina se comprometió a reducir drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en el Acuerdo de París, y a finales de 2020, se ajustaron las cifras y se aumentó el objetivo hacia una reducción un 26% menor que la pactada anteriormente.

Con esto, el país deberá limitar sus emisiones de CO2 a 359 millones de toneladas (Mt) en menos de 9 años, pero de acuerdo con los especialistas que participaron en el seminario del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IAE), las políticas públicas diseñadas en materia energética, y en especial el proyecto de Régimen de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, parecen ir en el camino contrario, y habrá consecuencias incluso para la vitivinicultura local. De esta manera, se sumaron a las objeciones que ya habían planteado los funcionarios de Energía de Mendoza, ya que los intereses de la provincia no habrían sido tenidos en cuenta en el armado de dicho proyecto.

En cuanto a los compromisos internacionales, además de lo señalado, el presidente Alberto Fernández, también garantizó el compromiso de la Argentina en presentar una estrategia de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo con el objetivo de alcanzar un desarrollo neutral en carbono en 2050, y a elaborar un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación “claro y ambicioso”. En ese sentido, el Jefe de Estado resaltó la importancia de promover “un diálogo de alto nivel sobre acceso equitativo a medios de implementación, tales como recursos financieros, transferencia de tecnología y construcción de capacidades para la consecución de los compromisos climáticos”.

Al respecto, el ex secretario de Energía Jorge Lapeña, presidente del IAE, para llegar a cero de emisiones netas hacia 2050, hay que trabajar en la reducción del uso de combustibles fósiles (responsables en un 75%), y su reemplazo hacia energías alternativas.

“Las emisiones en Argentina están levemente por debajo de la media mundial en aumento (4,1 vs 4,4+ CO2/hab), y la tecnología para reducirlos está disponible en el mundo y en el país también, pero es necesario redireccionar el flujo de hidrocarburos hacia otras alternativas. Todos hablan de apurarse mientras Vaca Muerta sea rentable, cuando sería bueno ver las nuevas alternativas que se abren para el mundo”, agregó.

“El Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” promueve el rechazo por parte del Parlamento Nacional del actual proyecto de Ley, ya que compromete recursos fiscales que el Estado no posee, concede beneficios por largos períodos de tiempo, tiene un diseño institucional que no es transparente, crea inequidades que serán motivo de reclamo y, además, se contrapone con criterios elementales de la transición energética”, aseguraron en una declaración emitida desde la institución.

Lapeña explicó que la promoción no puede darse sin antes establecer una política clara por la que el país cumpla con sus compromisos internacionales. Es que los países signatarios del Acuerdo de París, entre los que se cuenta Argentina, se comprometieron a mitigar sus emisiones, y a revisar cada 5 años el cumplimiento de metas.

“El FMI propone impuestos a la generación de gases contaminantes que van en función de los ingresos de los países de u$s75 dólares por la emisión de CO2 en ingresos altos, u$s50 en ingresos bajos, y de u$s25. Pero se trata de un impuesto disuasivo, no recaudatorio, y que tiene como objeto destinar los fondos a cumplir con las metas propuestas”, explicó.

Esto último no ha sido establecido en el país, pero Argentina se comprometió, y de acuerdo con La Peña, hasta el momento no se ha diseñado nada que permita ver que el país cumplirá con sus metas, por el contrario, se suma a la ley de promoción, la ley de Zonas Frías (que reduce el costo que pagan los usuarios por el gas en provincias como Mendoza), y aumento de subsidios a la energía, que parecen “alentar el consumo indiscriminado”, en lugar de limitarlo.

Asimismo, consideró que la ley es más un “proyecto de salvataje de YPF”, porque le permite compensar parcialmente sus pérdidas con lo recaudado por el impuesto a los combustibles, agregó y señaló que Argentina enfrenta restricciones de financiamiento, pero también “se deja afectar por intereses sectoriales de sindicatos y corporaciones, y no mira el interés general”.

El directivo señaló que Argentina está en falta, y debe diseñar un plan para cumplir compromisos de reducción de emisiones, con impuestos, y subsidios controlados. “No es viable una política energética si no está enmarcada en una política de desarrollo. Nos enfrentamos a conflictos económicos, endeudamientos, y a un fuerte impacto en las carteras bancarias que estén basadas en este tipo de energías contaminantes”, advirtió.

Desde el IAE agregaron que “los compromisos que asume el Estado Argentino en esta ley no solo se contraponen con los asumidos con la comunidad internacional en relación con la transición energética, sino que limitaría seriamente su capacidad de negociación futura en el marco de los acuerdos globales sobre el cambio climático”. En este marco, señalaron que productos argentinos con huellas de carbono mayores a las permitidas, como podrían ser los vitivinícolas, se verán impedidos de alcanzar mercados frente a países cumplidores, en un futuro no muy lejano.

“Aspectos como la estabilidad fiscal por 20 años y el desarrollo de infraestructura dedicada a hidrocarburos podrían limitar la aplicación de incentivos a la sustitución de energías fósiles vía impuestos al carbono y el desarrollo de una matriz energética compatible con la neutralidad de emisiones”, concluyen desde el Instituto.

Durante el seminario, que se extendió desde el 4 de octubre y hasta el día 7 se discutió el papel de las provincias también, y la centralidad que se debería asumir en estas políticas públicas.

En particular, con respecto a Mendoza, Diego Grau, vicepresidente de la entidad, señaló que la provincia fue pionera en “Energía redistribuida”, proyectos hidroeléctricos (grandes y pequeños aprovechamientos) y parques solares desarrollados por EMESA; proyectos que deben ir reemplazando el uso de combustibles fósiles.

Pero aseguró que se requiere un marco nacional para destinar presupuesto hacía más proyectos de ese tipo, y crear conciencia en todo lo que puede hacer cada persona para reducir su propia huella de carbono.

Fuente: Los Andes