El equipo de la Fundación Pensar se pronunció sobre el freno tarifario y advirtió de los riesgos en torno a la decisión, parte del debate que abrirá el 2021.

El equipo de Energía de la Fundación Pensar emitió un comunicado crítico contra la política oficial de extender el congelamiento de las tarifas y la intervención de los entes reguladores.
Según el documento de la institución que trabaja en «propuestas para enriquecer la mirada de Juntos por el Cambio y construir un futuro mejor con más oportunidades», las disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia 1020/2020, emitido la semana pasada, «tendrán un impacto muy negativo sobre los usuarios, presentes y futuros, de estos servicios y agravarán el deterioro institucional en el sector energético, recrudeciendo a su vez el impacto en la inversión dentro del sector».
La mesa energética de la Fundación Pensar se empezó a reunir hace algunos meses y no tiene una integración formal. El grupo lo lidera el ex subsecretario de Hidrocarburos, Marcos Pourteau, y está compuesto por otros ex funcionarios que trabajaron junto al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, como Daniel Redondo y Luciano Caratori (Planeamiento Energético), Mauricio Roitman (ex presidente del Ente Nacional Regulador del Gas, ENARGAS) y Andrea Heins (Eficiencia Energética).

El grupo considera que el DNU 1020 «pone en riesgo el ordenamiento de las cuentas públicas y los esfuerzos necesarios para avanzar en el combate al cambio climático», plantearon en la oposición al Frente de Todos.

El macrismo recordó que entre 2001 y 2015, período en el cual la inflación acumulada fue de 1400%, «las tarifas de servicios públicos aumentaron menos de 200%, una caída en términos reales de más de 80%», con el retraso tarifario «más grande de la historia de nuestro país».

«A finales de 2015 las tarifas de luz y gas natural cubrían solo el 13% y el 14% de los costos, respectivamente, requiriendo subsidios que crecieron del 1,2% en 2008 al 4,1% del PBI en 2015 y derivando en un deterioro de la calidad de servicio y la escasez de energía en todo el país».

Según la consultora KPMG, entre 2005 y 2015 el Estado destinó subsidios por u$s 85.000 millones para sostener el funcionamiento del sector energético.

En el plano práctico, el congelamiento de las tarifas, «que se decide por razones políticas, resultará en una reducción de las inversiones en las redes de distribución y transporte, la ruptura de la cadena de pagos, un deterioro de la calidad de servicio, y un aumento de los cortes del servicio y los problemas de suministro».

«Los argentinos ya hemos tenido estos problemas en el período 2006-2015 como consecuencia de políticas parecidas aplicadas durante las presidencias de Cristina Fernandez de Kirchner», ampliaron en la Fundación Pensar.

En el plano económico, «este congelamiento implica también un aumento, aún no determinado, de los subsidios a la electricidad y el gas natural que tendrán un impacto mayor sobre el déficit fiscal en forma similar a lo acontecido en el período 2008-2015, cuando llegaron a representar el 4,1% del PBI».

«A esto se sumará la ruptura de la cadena de pagos, ya en una condición muy frágil, y la acumulación de deudas dentro del sector como las ya vistas hacia finales del 2015 cuando las distribuidoras eléctricas y las distribuidoras de gas natural acumularon deudas millonarias con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y los productores de gas natural, respectivamente», acotaron.

Según el Presupuesto 2021, el Estado destinará un 2,2% del PBI a subsidios: 1,7% para la energía y 0,5% para el transporte, mismos montos que en este año. Eso implicará sí o sí un aumento de tarifas, que todavía no tiene el visto bueno de todo el arco político del Frente de Todos.

Las distribuidoras eléctricas ya le deben en total más de $ 142.000 millones a Cammesa y la distribuidora de gas natural más grande del país, Metrogas, no les pagó unos $ 7500 millones a las petroleras por la provisión del combustible.

«El abastecimiento de energía de manera confiable tiene un costo que debe pagarse o la energía no estará disponible, la peor alternativa. Si se realiza mediante subsidios del Estado, no puede dejar de considerarse que se afectan las cuentas públicas, la emisión monetaria y la inflación, limitando la provisión de bienes y servicios como salud, educación y seguridad para los más necesitados, y como finalmente impacta en otros gastos del Estado como las jubilaciones o la Asignación Universal por Hijo (AUH)», destacaron.

Para Juntos por el Cambio, la suspensión de la Revisión Tarifaria Integral Vigente (RTI) podría abrir la puerta a nuevos juicios internacionales y afecta la confianza de los inversores, así como la extendida intervención de los entes reguladores de la electricidad (ENRE) y el gas (ENARGAS) implican una ruptura de la institucionalidad.

Por último, sostuvieron que el Gobierno debería continuar con la «tarifa social federal, que evita romper el arreglo tarifario vigente, establecido de acuerdo a la normativa, y distorsionar las señales correctas tanto para consumidores como para productores, y al mismo tiempo puede adecuarse a las necesidades de la situación crítica que estamos atravesando».

Fuente: Más Energía.