En el caso de la electricidad la suba podría llegar al 170% en dólares.Las subas de gas y naftas podrían ser menores.

Erradicar íntegramente los subsidios sobre las tarifas de luz y gas para los sectores de ingresos medios y altos y subvencionar sólo la mitad del costo del servicio para los más pobres, implicará aumentos de hasta 170% en dólares del valor total de las facturas, incluyendo en esos fuertes ajustes a los usuarios económicamente más vulnerables.

La eliminación de estas subvenciones, que hoy explican gran parte del déficit fiscal, conservando una tarifa social para un sector aún indefinido de la población, es objetivo común de los tres candidatos con más chances para los comicios presidenciales de octubre.

La diferencia puede estar en el tiempo y estilo de aplicación de la fórmula, pero el cometido último es igual. Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei postulan el mismo esquema: que el usuario final pague el “costo real” de esos servicios, fijados en dólares en el primer eslabón de la cadena.

Lo demás, es una cuestión matemática, que en parte expuso un reciente trabajo de la consultora Economía & Energía.

El ejercicio tomó como supuesto que la proclamada erradicación de los subsidios terminaría en 2026 y que el sector actualmente identificado como N2, de ingresos inferiores a una canasta básica, seguiría con una ayuda estatal equivalente al 50% de su factura final.

Tanto el valor de la energía eléctrica como del gas por redes está fijado en dólares, que los productores de esos bienes cobran en pesos, al tipo de cambio oficial. Su peso relativo sobre las facturas es de aproximadamente un tercio. El resto corresponde al valor agregado de distribución, a la remuneración del transporte e impuestos.

La segmentación tarifaria no es otra cosa que un mapeo de consumidores categorizados por su nivel de ingresos, para avanzar con la eliminación de subsidios de modo tal que quienes primero afronten el costo pleno sean los más ricos. Cada aumento en este escenario libera al Estado de cubrir una parte de los costos.

Según cálculos que realizan los técnicos de la consultora dirigida por Nicolás Arceo, en el próximo trienio la factura de la luz se incrementaría por todo concepto 87% en dólares para los usuarios del actual N2 (más pobres) y 110% para el N3 (sectores medios).

Naturalmente que la suba en pesos será muy superior, en particular si se tienen en cuenta las previsiones de suba del tipo de cambio. Dólar más alto, energía más cara.

Hoy el Nivel1 paga casi íntegramente el precio de la electricidad que consume y, si no hubiese un ajuste muy importante en dólares en los márgenes de distribuidores y transportistas, las facturas expresadas en moneda dura para éste sector hasta podrían reducirse un 6%.

Esto es así porque se estima que el costo de generar electricidad en los próximos años podría mantenerse o descender levemente en dólares. En Argentina se reemplazarán los combustibles líquidos para la generación térmica el gas producido localmente, que es mucho más económico.

Aquellos ajustes toman como base un usuario R2 de Edenor (consumo de 250 kw mensuales), que paga valores muy distintos según dónde esté ubicados por la segmentación.

Actualmente, el de menores ingresos remunera a través de su boleta 11 dólares en megawatt hora por la luz que consume; lo que el sector medio retribuye 17 dólares y el más rico 63. De ahí que este estrato de la población pueda resultar “aventajado” en términos relativos para los próximos años.

En el servicio eléctrico sólo el 25% de la clientela está ubicada en esa franja superior de la pirámide de ingresos, que es la que sufrió los mayores aumentos tarifarios hasta el momento.

Para el caso de gas por redes ocurre algo similar, con la salvedad de que aún los hogares que tienen ingresos superiores a tres canastas y media aún mantienen una porción importante de subsidio.

Sobre la base de un usuario residencial R3 de Metrogas (hasta 1250 m3 al año), en el próximo trienio los más ricos afrontarían un aumento del 40% en dólares de sus facturas. Pero ese incremento treparía al 170% para los más pobres y a 105% para los sectores medios.

Los usuarios del área metropolitana hoy pagan 3,19 dólares el MBTU que consumen, pero esa unidad calórica tendrá un precio de 4 dólares en el 2026. Cubrir esa diferencia implica un salto menor que para los otros grupos de consumidores, todos involucrados en el propósito de que sean los usuarios y no el Estado quien afronte el costo pleno del servicio.

La actual política económica tiene este mismo norte, aunque el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria no lo anuncie. Producto del recorte de subsidios, recomposición de márgenes de distribuidores y transportistas, entre otros ítems, esos servicios energéticos se están encareciendo periódicamente y ya tuvieron saltos de tres dígitos en el último año.

Los ajustes resultan impopulares pero en un contexto de precios histéricos terminan minimizándose. Aun así, no es fácil para la secretaría de Energía convalidar las subas que debieran aplicarse tras la última devaluación.

Técnicos allegados a Juntos por el Cambio como el radical Alejandro Eintoss advierten que en el proceso de sincerar los costos de la energía hay que tener en cuenta el mandato legal de “rentabilidad razonable” para las empresas del sector. Pero el camino conduce a un único lugar.

Eduardo Chirillo, especie de referente energético de la Libertad Avanza, suma la idea de un “subsidio directo” para los más pobres, en alusión a un eventual esquema de tarifa social.

En cualquier caso, el resto de usuarios sí o sí deberá pagar el costo pleno de la luz y el gas un poco antes o un poco después. Las agrupaciones políticas con más chances en la contienda electoral se encaminan al mismo objetivo y hacen números para bosquejar una estrategia, siempre condicionada por el tipo de cambio.

El salto del dólar complica aún a las productoras de gas y petróleo que exportan. Según explican estas propias empresas, parte de sus costos están dolarizados y las devaluaciones los incrementan. El salario –a pesar de que los sueldos petroleros son los más altos del país—tiene una ponderación relativamente baja en su estructura.

Y como al final de la cadena los precios de gas o combustibles están en pesos y regulados, formal u oficiosamente, no es posible trasladar automáticamente aquella suba.

Aún los hidrocarburos están en su mayor parte destinados al mercado interno. A pesar del aumento de la producción y de que se está desarrollando infraestructura para exportar más gas y petróleo.

Aunque las previstas subas tarifarias resulten incómodas, parecen ineludibles en un contexto fiscal tan apretado. No se trata de un caprichoso reclamo del FMI sino de neutralizar una de las principales fuentes de déficit fiscal, como son los subsidios a la energía.

En el ejercicio 2023 las arcas nacionales deberán desembolsar 6564 millones de dólares por este concepto. La mitad que el año anterior, pero todavía una carga que hace peligrar cualquier meta de equilibrar las cuentas públicas, más allá del encuadre ideológico o la gradualidad que elija el próximo gobierno.

Fuente: Clarín