A la espera de que los entes reguladores terminen de diseñar la tarifa de transición, el convencimiento en el sector es que el precio de los servicios de energía eléctrica y gas, si aumentan, lo harán en un dígito, a partir del 15 de marzo, dijeron fuentes oficiales a LA NACION.

Ese incremento -de haber, como remarcan en el Gobierno- sería el único en todo 2021, puesto que se trata de un año electoral.

Las tarifas de gas y electricidad no se actualizan desde febrero y marzo de 2019, es decir, desde hace casi dos años, en una economía que arrastra una inflación de 80% desde entonces.

Las consecuencias de esta política se perciben, por un lado, en el incremento de 26% en dólares en los subsidios energéticos, según estimaciones del Instituto Mosconi, que el año pasado terminaron en US$5951 millones, según proyecciones preliminares. Se trata de un gasto que se cubre o con más impuestos o con inflación.

Por otro lado, el atraso tarifario también genera deudas entre las compañías con las rupturas en las cadenas de pago y el impacto que eso tiene en el balance de las compañías.

Todo esto, además, implica menos inversión en la red eléctrica y de gas, lo que genera un deterioro en el servicio y la imposibilidad de que más usuarios accedan a estos servicios.

Para este año, encima, se espera que las transferencias del Estado destinadas al sector se aceleren, a contramano de las declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, que estimó en el presupuesto un gasto en subsidios constantes en términos del producto.

Esto se debe a varios factores. En primer lugar, porque se proyecta un rebote de la economía, que demandará más energía para producir. Pero el problema es que en el invierno próximo faltará gas local, lo que implicará que se incrementen las importaciones.

Y las proyecciones sobre el precio del gas licuado (GNL) para junio no son agradables. Los precios futuros cotizan entre US$6 y US$7 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), más del doble de los US$2,87 que se pagó en promedio el invierno pasado producto del derrumbe del consumo por el efecto de la pandemia.

Lo mismo sucede con los precios locales: por el Plan Gas, las productoras recibirán en promedio US$3,50 el millón de BTU, superior a los US$2,50 que cobraron en promedio el año pasado.

Y algo similar ocurre con el precio que se le paga a Bolivia por la compra de gas, que está atado a la evolución del precio internacional del petróleo.

Este valor está en alza desde inicios de noviembre pasado, cuando valía US$37,46. Ayer, la cotización cerró a US$56,74, lo que implicará seguramente un incremento en las naftas, el único producto de energía que no está congelado.

Fuente: La Nación.