Debido a la fatídica expropiación de la empresa YPF durante la gestión de Axel Kicillof y Cristina Kirchner, Argentina debe pagar unos US$ 16.000 millones de dólares en diez días. Milei pretende lanzar un bono que se basará en un impuesto que llevará el nombre del deudor.

Las estadísticas de la petrolera YPF siguen saliendo costosas para el conjunto de la sociedad. Axel Kicillof, el entonces ministro de economía, y Cristina Fernández de Kirchner, la entonces presidenta, prometieron beneficios ostensibles que nunca se materializaron como parte de un esquema de exportación ilegal que resultó abiertamente contraproducente.

La Justicia de los Estados Unidos decidió que el estado debe afrontar una suma de US$ 16.000 millones a partir del mes de enero, tras años de deliberación y el fondo Burford Capital compró los derechos para poder litigar sobre la Argentina.

En el tribunal del Distrito Sur de Manhattan, la jueza Loretta Preska no admitió las órdenes de prórroga que había solicitado el gobierno anterior. El fondo litigante tendrá derecho a iniciar embargos en contra del Estado argentino si no se concreta en time y forma antes del 10 de enero de 2024, cuando el pago no se lleve a cabo.

El presidente Javier Milei informó que ninguna entidad, ni el Gobierno ni el Banco Central, poseían una disponibilidad de divisas similares, tan drástica que podría comprometer el programa de estabilización que se implementará en tan solo dos semanas.

Milei prometió que hay capacidad de pago y que bajo su gobierno se honrarán las obligaciones de Argentina con el exterior o con las empresas locales. A través de estos resultados, se investiga la creación de un “bono perpetuo”, del cual se pagaría una cantidad de dólares cada año hasta que se afrontara la cantidad total de la deuda al final dé un cierto tiempo.

En cuenta con los argentinos, quienes finalmente serán los grandes damnificados por las aberrantes decisiones del Kirchnerismo hace más de una década, se financiarían con este bono y la cantidad de obligaciones que deben ser pagadas cada año.

“Todos los argentinos recordaremos esa barbaridad que hizo y que hace que todos los días tengamos que estar poniendo una determinada cantidad de dólares para pagar el error de un chico cuya perspectiva ideológica perjudicó a 46 millones de argentinos”, dijo el Presidente de la Nación.

Aunque la resolución de la justicia americana exige la cancelación de todos los pagos de una sola vez, lo cierto es que esto es abiertamente imposible, y la alternativa del Gobierno mantiene la voluntad de pago con firmeza pero dentro de un rango de parámetros razonables.

En el entonces del 10 de enero, el Gobierno intentará convocar con el fondo litigante para elaborar un cronograma de pagos ordenados y factibles, evitando así cualquier tipo de embargo.