Se trata de un paquete de incentivos para la inversión petrolera, pero las empresas dicen que son escasos y tratan de mejorarlo o que no prospere

En la lista de proyectos prioritarios que definió el Gobierno, para tratar este verano en el Congreso, hay seis de carácter económico que fueron presentados por el presidente Alberto Fernández entre agosto, septiembre y octubre. El primero fue el nuevo régimen de promoción de inversiones en hidrocarburos, lanzado pocos días después de la derrota sufrida por el Frente de Todos en las PASO y la escena previa a la renuncia que presentaron los ministros que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para acelerar un cambio en el Gabinete. Se trató de la previa de la carta explosiva que difundió la titular del Senado en medio de la interna con el Presidente.

Tres meses después de su lanzamiento, el proyecto impulsado por la Casa Rosada no avanza por las críticas de las empresas, pero también por las diferencias de enfoque entre CFK y Fernández para abordar el sector hidrocarburífero en un momento donde comienzan a contarse los años que le queda a esa industria para explotar combustibles fósiles.

El proyecto tiene el objetivo de «asegurar el autoabastecimiento interno, incrementar la producción para obtener saldos exportables y generar divisas». Según la secretaría de Energía, que conduce el exdiputado Darío Martínez, permitirá un ahorro de 2.500 millones de dólares por la sustitución de importaciones, porque la iniciativa delinea «un horizonte de veinte años que permita previsibilidad, reglas claras y que permita al Estado y a la industria planificar a mediano y largo plazo».

El proyecto apunta a cumplir con el autoabastecimiento interno

Incluye un «régimen general de promoción de actividades de exploración y producción de petróleo», un segundo vinculado a la producción de gas natural «con diferentes incentivos relacionados con el compromiso de abastecimiento del mercado interno, y la determinación de exportaciones garantizadas en función del incremento de la producción». Detrás de esa definición se esconde uno de los puntos más importantes de la propuesta: define que las petroleras serán beneficiarias de «Autorizaciones de Exportación Garantizadas» (AEG) por un 20% de la producción que incrementen. El 80% restante deberá ser ofrecido al mercado interno. También permite la libre disponibilidad del 50% de las divisas que generen esas ventas de petróleo al exterior.

Ahí radican las principales críticas de las empresas y también de las provincias hidrocarburíferas. La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), que preside Sergio Affronti, CEO de YPF, se reunión a principios de este mes, en vísperas de la reactivación del tratamiento en el Senado después de las elecciones. Las empresas que integran la CEPH consideran que esos incentivos no alcanzan pero además deslizan su preocupación porque las principales firmas productoras del yacimiento de Vaca Muerta, resultan perjudicadas cuando fueron las firmas que invirtieron en medio de la pandemia y también al shale oil.

Junto a los cuestionamientos que plantean las empresas, la iniciativa tiene otro frente complejo. En el Instituto Patria y en la presidencial de Senado critican la norma. Anticipan que no tendrá el apoyo de todo el oficialismo porque implica la dolarización de la energía y el gas en el mediano plazo.

A las diferencias internas se suman las preocupaciones de las provincias hidrocarburíferas que hicieron sentir sus cuestionamientos cuando Martínez fue a defender el proyectos ante el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Presupuesto del Senado. En ese encuentro resonaron los interrogantes sobre el artículo 90 que establece que la Secretaría de Energía de la Nación es la autoridad de aplicación sobre una serie de cuestiones que son prerrogativas de las provincias, es decir, que vulnera sus derechos.

El tratamiento

Hay dudas sobre el avance del proyecto a partir del 10 de diciembre, cuando cambie la composición del Congreso. Con esos nubarrones por delante hay dudas sobre el avance del proyecto a partir del 10 de diciembre, cuando cambie la composición de las dos cámaras del Congreso y el oficialismo pierda quórum propio en el Senado. En ese tembladeral deberá avanzar el proyecto para el sector petrolero y las chances de que lo haga cada vez son menores a partir de la presión que ejercen las provincias petroleras y las empresas para mejorar los beneficios, mientras un sector del oficialismo, liderado por CFK, consideran que hay propuestas excesivas que serán antesala de malas negociaciones y advierten sobre una dolarización de la energía.

Las críticas crecen desde el lanzamiento, pero recrudecieron después de las elecciones. La escena actual de cuestonamientos contrasta con la presentación oficial del 15 de septiembre, tres días después de la derrota en las PASO, cuando Fernández lanzó la iniciativa acompañado por el presidente de Shell, Sean Rooney, junto a los titulares de la UIA, Daniel Funes de Rioja, de la Asociación de Empresas Distribuidoras de Gas en la Argentina (Adigas), Rubén Vázquez; y del secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra. La demostración de fuerza también incluyó a los representantes de provincias petroleras: Axel Kicillof, de Buenos Aires, Mariano Arcioni, de Chubut; Arabela Carreras, de Río Negro; Omar Gutiérrez, de Neuquén; Alicia Kirchner, de Santa Cruz; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Gustavo Sáenz, de Salta; y Gildo Insfrán, de Formosa, miembros de la liga de provincias petroleras (Ofephi).

Fuente: iprofesional