«El modelo de tarifas altas para usuarios no significó una mejora en la calidad de la prestación del servicio», remarcó un informe de la Secretaría de Energía bonaerense sobre la última Revisión Tarifaria Integral (RTI). Las distribuidoras admiten que las inversiones estuvieron debajo de lo comprometido pero resaltan que fue producto de suba de costos por el desfasaje de cuadro tarifarios.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires detectó «aumentos injustificados y falta de inversión» por parte de las empresas distribuidoras de energía que operan en ese territorio durante el período 2016-2019. Desde las firmas concesionarias reconocieron que la inversión menor a lo previsto, aunque reforzaron que eso fue consecuencia del “atraso en los ajustes (tarifarios) sumado la imposibilidad de financiarlas en un mercado que no fue el que se pensó al inicio» de la Revisión Tarifaria Integral (RTI).

En ese sentido, desde el grupo DESA, del que forman parte cuatro distribuidoras eléctricas de la Provincia, resaltaron que “las menores inversiones se compensan contra los mayores costos que debió enfrentar la concesión producto de los desfasajes en los cuadros tarifarios”.

Añadieron que la tarifa promedio del usuario residencial se incrementó entre fines de 2015 y diciembre de 2019 un 525% mientras que el costo de la energía para reducir los subsidios en el mismo plazo se incrementó en un 2500%”.

La respuesta de los concesionarios llegó luego de que la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos dio a conocer el informe final sobre el análisis de la última Revisión Tarifiaria Integral (RTI), y del cumplimiento de las inversiones comprometidas por parte de las empresas distribuidoras de energía eléctrica bonaerenses.

El análisis será el puntapié inicial para la discusión sobre cómo sigue el esquema de concesiones y cómo serán los aumentos tarifarios cuando llegue a su fin el congelamiento dispuesto por Axel Kicillof apenas asumió como gobernador provincial y que fue extendido ante la pandemia por coronavirus.

«El informe es concluyente: el modelo de tarifas altas para usuarios no significó una mejora en la calidad de la prestación del servicio», se aseveró en La Plata, según consignó la agencia Télam. El resultado «de ese informe demostró que en los últimos años se autorizaron aumentos injustificados de las tarifas de energía eléctrica que no fueron acompañados de responsabilidades de inversión por parte de las empresas».

El informe indica que durante el período 2016/19, las empresas distribuidoras «aplicaron ajustes tarifarios que, sumados a la fuerte quita de subsidios a nivel nacional, representaron aumentos en las facturas finales de los usuarios que oscilaron en promedio entre 2000% y 3500% en apenas tres años».

«Sin embargo, este fuerte incremento no significó mayores inversiones en la red de distribución ni ejecución de obras en las instalaciones», se detalló en el comunicado oficial.

En concreto, a pesar de que el monto reconocido de inversión incluido en las tarifas fue de $ 12.092 millones, no hubo un cronograma de ejecución de las obras pautadas, ni tampoco procedimientos sancionatorios en caso de incumplimiento de las mismas.

De acuerdo con el Ministerio de Infraestructura bonaerense, en los informes aprobados en ese período sobre el nivel de inversiones, «se identificaron errores metodológicos que modificaron los resultados». «Esa falta de inversión quedó reflejada en la mala calidad y confiabilidad del servicio que presentó durante los últimos cuatro años numerosos eventos de interrupción del servicio eléctrico», se apuntó.

Además, se planteó que «el fuerte aumento de las tarifas y el bajo nivel de inversión y mantenimiento de la red, tuvo como resultado un crecimiento sostenido de las ganancias de las distribuidoras eléctricas».

«El extraordinario crecimiento patrimonial, producto de la RTI, tuvo su correlato en el crecimiento de los resultados: las cuatro empresas distribuidoras aumentaron sus ganancias entre 2015 y 2018, entre 498% y 644%», se añadió.

Se apuntó que «los mayores resultados, lejos de destinarse a mejoras en la red se vieron reflejados en el crecimiento sustancial de los dividendos distribuidos, los cuales entre 2016 y 2019 acumularon un monto de 309 millones de dólares».

De acuerdo con Infraestructura, la falta de control fue otro rasgo distintivo que se analiza en el informe. «A partir del abandono durante los últimos cuatro años que sufrió el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (Oceba), no existió por parte del Estado la implementación de los controles establecidos por la normativa vigente», se planteó, y se detalló que «sólo se realizaron el 3% de las auditorías técnicas reglamentarias y el 10 % de las comerciales».

Tampoco se implementó por parte de la autoridad de aplicación la contabilidad regulatoria, herramienta fundamental de control sobre la gestión de las empresas.

«Si a eso se suma un Estado que abandonó su función de control y seguimiento sobre la ejecución y la inversión de obras, el resultado fue una ganancia millonaria para las empresas distribuidoras de energía eléctrica y un claro perjuicio para los habitantes de la Provincia de Buenos Aires», finaliza el trabajo.

Por su parte, en un comunicado el grupo DESA, del que forman parte las cuatro distribuidoras eléctricas bonaerenses, reconoció hoy que “en promedio todas las empresas estuvieron casi un 40% por debajo del comprometido” en materia de inversiones, y afirmaron que eso se debió al “atraso en los ajustes sumado la imposibilidad de financiar las mismas en un mercado que no era el que se pensó al inicio de la RTI”.

Argumentaron que “las menores inversiones se compensan contra los mayores costos que debió enfrentar la concesión producto de los desfasajes en los cuadros tarifarios”.

Al referirse a las tarifas, explicaron que “entre diciembre 2015 y diciembre 2019 el valor agregado de distribución promedio en una factura de un usuario residencial de 250 kWhmes se incrementó en un 525% mientras que el costo de la energía para reducir los subsidios en el mismo plazo se incrementó en un 2500%”.

Añadieron que “el desfasaje temporal entre el pago de la energía a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y la recuperación de esos costos por el cobro de las facturas de los usuarios, con las medidas cautelares afectó el capital de trabajo de las empresas y afectó los planes de inversiones”.

Sostuvieron que en el período analizado hubo una “mejora sustancial en los índices de frecuencia y duración de las interrupciones de servicio”, y se manifestaron optimistas “en que se arribará a un acuerdo de entendimiento, con el lanzamiento de un plan de trabajo conjunto que implique el sostenimiento del servicio, aportando previsibilidad y estabilidad regulatoria, en miras al desarrollo económico y social de las áreas de concesión”.

Fuente: El Cronista.