Las claves de las principales consecuencias de los proyectos anunciados por el equipo de Alberto Fernández en la primera semana de gobierno.

El torbellino de medidas y proyectos anunciados por el gobierno nacional de Alberto Fernández requiere un repaso de los principales impactos conocidos hasta ahora para las economías regionales en general y la provincia de Chubut en particular, tanto en lo que respecta a la suspensión del “consenso fiscal” como lo que refiere a retenciones a la exportación de productos primarios, entre ellos el petróleo. Aquí, tres claves de las principales consecuencias de lo resuelto en la primera semana de gobierno:

1) Retenciones a la exportación. Tras elevarse al 12% por aplicación del decreto sobre productos primarios, la ley de Emergencia establece finalmente un tope del 8% para las retenciones a la exportación de petróleo. Si se toma como base que en 2018 Chubut exportó U$1.242,9 M de petróleo. Con aplicación del derecho de exportación mencionado, el Estado nacional podría recaudar sobre esos valores constantes alrededor de 99,5 millones de dólares, es decir más de 6.200 millones de pesos al tipo de cambio actual. En lo que va de 2019, con datos actualizados hasta septiembre por la Dirección de Estadísticas de la provincia, las ventas externas de crudo alcanzaron los U$874,9 M, lo que daría una proyección anual U$1.166,5 M y U$93,3 M de retenciones a favor del Estado nacional. Si se consideran también las exportaciones de otros productos primarios (lana sin procesar y pescado congelado), las ventas externas en lo que va del año suman otros U$508,7 M, lo que arroja una proyección anual de U$678,3 M. Como en este caso la retención se mantendría en el 12%, la recaudación a favor de Nación sería del orden de los U$82 M. Es decir, un aporte de algo más de U$174,6 M a favor de Nación, sumando ambos rubros, lo que supera los 11.000 millones de pesos. En lo que refiere al petróleo, la provincia apunta a que éstas no impacten en el precio de venta del barril de crudo que se vuelca al mercado interno, ya que de lo contrario se produce una pérdida en los ingresos por regalías, que este año superará los 1.400 millones de pesos.

2) Suspensión de algunos alcances del consenso fiscal. Hasta ahora, según el proyecto al que tuvo acceso ADNSUR, los ítems que se dejan sin efecto no se corresponden con las obligaciones a las que había renunciado Nación, como el subsidio al transporte público en el interior del país o el fondo sojero, sino a los compromisos asumidos por las provincias. En ese marco, se deja sin efecto un total de 9 ítems de la cláusula tercera del consenso fiscal, que entre otros aspectos exigía unificar alícuotas para el cobro del impuesto a los Ingresos Brutos, propendiendo a bajarlo, además de limitar alícuotas del impuesto inmobiliario entre el 0,5 y 2% del valor fiscal de las propiedades. En esos casos, en el gobierno provincial evalúan que no hay mayor impacto para Chubut, ya que el cobro de tales impuestos es potestad de los municipios. En lo que compete a la provincia, tiene mayor incidencia los incisos “j” y “k” del acuerdo, que ahora queda suspendido: por ese instrumento, se prohibía a la provincia elevar el impuesto a los sellos para la actividad hidrocarburífera y sus servicios complementarios, fijándose un máximo del 0,75% para el 2019 y descendía paulatinamente hasta desaparecer totalmente en 2022. Este tema podría tener incidencia en el contrato de concesión que debe firmar la provincia con Capsa, que se hará cargo del área Bella Vista Oeste, según el contrato de concesión que debe ser rubricado por la Legislatura en la próxima sesión extraordinaria, prevista para el 27 de diciembre, ya que los contratos deben sellarse y abonar dicho impuesto a los sellos, salvo que la provincia decida exceptuarlos.

3) Renuncia a juicios contra el Estado nacional. Tal como informó ADNSUR, son dos las demandas que Chubut tenía entablada contra el Estado nacional. Una vinculada al Fondo Sojero, por alrededor de 900 millones de pesos y la otra por la merma de recaudación por quita del IVA a alimentos y disminución de ganancias, que sumaría otros 900 millones de pesos, según estimó Fiscalía de Estado, aunque esa cifra había sido situada en torno a los 500 millones por fuentes de la cartera económica. Con la firma de hoy, esas demandas quedan sin efecto. También hubiera quedado trunca una tercera demanda, que la provincia había resuelto no entablar, vinculada a la pérdida de recursos por el decreto 566, de congelamiento de combustibles y pesificación parcial del mercado, por el que la provincia habría resignado más de 2.000 millones de pesos. La renuncia total, entonces, superaría los 4.000 millones de pesos que dejará de reclamar Chubut al Estado nacional.

Fuente: ADN Sur.