AESA presentó una oferta no vinculante para adquirir 13 equipos torre de San Antonio en Santa Cruz. La propuesta compite con la que ya había cursado Clear, que hasta ahora era el único candidato a quedarse con la operación. Cuál es el rol de Claudio Vidal, líder del sindicato petrolero. Y por qué para YPF es una operación estratégica no sólo en lo hidrocarburífero sino también en lo político.

YPF, la mayor petrolera del país, se anotó en la lista de empresas que podrían quedarse con el negocio de San Antonio Internacional (SAI), la mayor empresa de equipos torre de la industria de Oil&Gas, en la provincia de Santa Cruz. La compañía que preside Pablo González autorizó a AESA (ex Astra Evangelista), una de sus principales subsidiarias, a presentar una oferta no vinculante por el paquete de activos de SAI en el distrito que gobierna Alicia Kircher. Son, en total, trece equipos torre: dos de perforación, cuatro de workover y siete de pulling. Así lo confirmaron a EconoJournal fuentes empresariales y sindicales que están al tanto de las tratativas.

La propuesta de AESA se sumó a la de Clear, una de las compañías que formaba parte del Grupo Indalo y hoy es presidida por el empresario Juan Ignacio González Pedroso. Clear, una de las mayores contratistas de servicios de YPF en Santa Cruz, mantiene negociaciones avanzadas con San Antonio y era, hasta ahora, el único candidato a quedarse con los activos de Santa Cruz.

SAI es propiedad del fondo norteamericano Lone Star y tiene como principal referente local a Sebastián Caputo, sobrino de Nicolás Caputo, hombre de máxima confianza del ex presidente Mauricio Macri.

Territorio hostil

Operar en el norte de Santa Cruz no es sencillo. El sindicato de petroleros privados que conduce Claudio Vidal, que en noviembre fue electo diputado nacional tras imponerse a la lista del Frente de Todos y el fin de semana refrendó su liderazgo en el gremio tras ganar las elecciones internas de la organización con un 85% de los votos, controla territorialmente la región. Tanto que ni empresas productoras ni firmas de servicios pueden ingresar ni sacar equipos de la provincia sin autorización de Vidal.

Le pasó a Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, que no pudo utilizar un equipo de San Antonio por negativa del sindicato y también a AESA, que se vio impedida de reparar uno de sus equipos de perforación en Comodoro Rivadavia, del otro lado de la frontera con Chubut, porque el gremio no permitió el traslado.

Estratégico

La oferta de AESA por los equipos de San Antonio es no vinculante: es sólo una propuesta formal que la habilita a realizar un due dilligence del negocio, pero no incluye un precio específico por los activos involucrados. La compañía quiere primero conocer el detalle del estado de los equipos, la cantidad de personal empleado y la existencia o no de contratos de servicios con empresas productoras, entre otros elementos.

AESA está presente en Santa Cruz, donde opera equipos torre que son propiedad de YPF, que los adquirió de la firma SP cuando ésta se fue a la quiebra en 2017. Es lógico, por eso, que explore la posibilidad de incrementar la cantidad de equipos para hacer sinergias con su operación existente. La propuesta no vinculante le permite a la subsidiaria de YPF indagar los números de San Antonio y proyectar escenarios. Pero la decisión de ofertar en firme se tomará en la torre de Puerto Madero.

Aunque en los últimos años YPF desinvirtió en Santa Cruz, lo que le valió un conflicto recurrente con Vidal, que denunció a la conducción política de la petrolera en múltiples ocasiones, la provincia sigue explicando casi un 20% de la producción de crudo a nivel nacional de la compañía controlada por el Estado. A raíz de eso, por más que haya transferido su inversión hacia los campos no convencional de Vaca Muerta, YPF no puede desentenderse de lo que suceda en el Golfo San Jorge. En esa clave, San Antonio juega un rol importante. En especial si se tiene en cuenta que uno de los actores va por los activos de SAI en Santa Cruz es el propio sindicato petrolero que conduce Vidal, tal como publicó este medio a mediados de noviembre.

Riesgo

“El riesgo para YPF es que si Vidal se queda con esos equipos o digita al que termine siendo comprador, tendrá mayor margen para presionar a YPF. No sólo para que levante más equipos en la provincia, sino también en la cantidad de operarios en las dotaciones de los equipos de torre y en los subcontratistas. Todo eso implicará un encarecimiento de las tarifas de los servicios y por ende, de los costos de operación en toda la cuenca del Golfo”, explicó un directivo de una empresa de servicios.

Desde esa óptica, propiciar que AESA adquiera los activos de San Antonio en Santa Cruz podría funcionar para YPF como un dique de contención. No sólo en su operación petrolera, para evitar un desmadre de los costos. Si no también en el plano político, ya que para Pablo González, que aspira a ser gobernador de la provincia en 2023, la expansión del poder de Vidal es un factor de riesgo de cara a las próximas elecciones provinciales.

Contexto complejo

Durante 2020 y 2021, San Antonio atravesó momentos críticos que pudieron ser transitados con un fuerte compromiso de los gremios de Neuquén y a partir de los apoyos de los gobiernos locales en donde la empresa de servicios tiene operaciones (Neuquén, Chubut, Mendoza y Santa Cruz). Sin embargo, desde el gobierno nacional no mostraron la mejor predisposición. Prueba de eso es que la AFIP no hizo lugar a una reprogramación de la deuda impositiva de San Antonio, que ronda los US $26 millones. Eso puso una fuerte presión sobre las finanzas de la compañía de servicios.

En esa situación, San Antonio tomó la decisión de retirarse de Santa Cruz. Queda por ver si YPF termina aprovechando esa oportunidad para cubrir tanto sus necesidades técnico-operativos en el plano petrolero como así también el proyecto de la conducción política que encarna Pablo González.

Fuente: EconoJournal