Es parte de la agenda sobre la que las petroleras con áreas en Vaca Muerta querían tener precisiones, en medio de las medidas que había adoptado el gobierno de Mauricio Macri, y en un contexto en el que los referentes del del equipo económico del albertismo les decían que estaban interesados en incentivar la llegada de capitales al sector energético pero al mismo tiempo «desdolarizar» las tarifas, algo que impuso una serie de dudas entre esas compañías.

Por lo bajo, las petroleras se preguntaban cómo haría la actual administración nacional para incentivar la llegada de esos capitales poniéndole un tope el valor de la energía que producen, al margen del impacto que eso pudiera tener en sectores residenciales con problemas para pagar.

Es, en parte, el dilema central para conocer el ritmo de inversiones en shale gas para lo que viene, si bien en la industria ya hablan de un año casi perdido, el 2020, por el arrastre de las medidas económicas de la administración saliente, entre el DNU DNU 566, que frenó el precio interno del crudo por 90 días hasta noviembre pasado, y las restricciones a la movilidad de divisas que anunció el ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza.

Ahora se abre el debate parlamentario. La provincia de Neuquén, a través del gobernador Omar Gutiérrez, viene fijando una posición previa. El neuquino viene diciendo que una cosa es «desdolarizar la producción de gas y petróleo» y otra establecer «mecanismos impositivos para articular y direccionar menores precios finales a los sectores más vulnerables sin afectar de raíz el desarrollo de la industria hidrocarburífera».

Así plantea la necesidad de buscar algún tipo de acuerdo que no desinfle la llegada de inversiones a Neuquén, que este año pensaba recibir 5343 millones de dólares de inversión solo en upstream, es decir, exploración y producción de gas y petróleo.

Los siguientes son los principales puntos del proyecto vinculados al sector energético:

El artículo 5, propone que se mantengan “las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente” o “iniciar una revisión de carácter extraordinario” por un plazo máximo de 180 días.

El texto además propone una “reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020”.

Al mismo tiempo, el proyecto del Ejecutivo Nacional faculta al gobierno a “intervenir administrativamente el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente nacional Regulador del Gas (Enargas) por el término de un año».

Fuente: LMNeuquen.