El Ejecutivo uruguayo resolvió no aumentar las tarifas públicas de los combustibles pese al incremento del precio del petróleo registrado entre fines de 2020 y este año para apoyar al sistema productivo a sobrellevar la pandemia.

Así lo informó este lunes en una conferencia de prensa virtual la ministra de Economía y Finanzas del país, Azucena Arbeleche, quien detalló que, si bien Uruguay se desacopla así de las subas de tarifas implementadas en países como Estados Unidos, Argentina y Brasil, se trata de una medida adaptada al momento «extraordinario» que se atraviesa.

«Esto es un apoyo que el Gobierno le da a todo el sector productivo, básicamente a las empresas pequeñas para que puedan pasar esta situación de pandemia, y a la ciudadanía en general», acotó.

Arbeleche, que compareció junto al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, explicó que si se toma como referencia el crudo Brent, el petróleo aumentó entre diciembre de 2020 y marzo de 2021 en el entorno del 30 %, suba que desencadenó en diversos países de América y Europa incrementos tarifarios que van del 10 al 25 %.

A lo que añadió que a su vez en Uruguay el precio del gasoil no aumenta desde 2018, la ministra anunció que a raíz de los ahorros en las finanzas públicas alcanzados en 2020 el Ejecutivo decidió asumir los costos y monitorea ahora la situación para evaluar cuándo trasladar la nueva suba a sus tarifas.

«Este apoyo por supuesto que tiene un costo que solo para el mes de abril es del entorno de 30 millones de dólares, lo que significa un deterioro en el resultado fiscal, pero el Gobierno entiende que es necesario», recalcó.

En cuanto a la situación de la petrolera estatal del país, ANCAP, que registró en abril un déficit de 30 millones de dólares, la jerarca dijo que el Ejecutivo le ha transmitido a la empresa su «absoluto respaldo» y trabaja para apoyarla.

Por su parte, Paganini indicó que el Ejecutivo trabaja en un nuevo mecanismo para la fijación de tarifas de combustibles en el país, una propuesta que, acotó, ya se envió a la Asamblea General del Parlamento.

El ministro puntualizó que el nuevo modelo requiere una transición de tres años y tiene como objetivo central dar «transparencia» al sistema actual y «generar incentivos para bajar los costos nacionales asociados a los combustibles» llevando a cero los sobrecostos de producción de ANCAP.