La actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta se ha consolidado como una de las principales fuentes de ingresos y desarrollo productivo del país. Sin embargo, su expansión acelerada ha puesto bajo la lupa los controles ambientales que buscan mitigar el impacto de la extracción y almacenamiento de hidrocarburos sobre el suelo, el agua y la calidad de vida de las comunidades cercanas.
Uno de los aspectos centrales es la seguridad e integridad de los tanques que almacenan hidrocarburos líquidos. Según explicó María Eugenia Parolo, responsable técnica de auditorías, las inspecciones periódicas permiten detectar posibles fallas que deriven en filtraciones o derrames. Aunque en términos generales el almacenamiento se considera seguro, han existido casos en los que se identificaron pérdidas que obligaron a iniciar planes de remediación ambiental.
El mayor riesgo de estas instalaciones está vinculado con la corrosión y la eventual fuga de contenido contaminante al suelo o a cursos de agua. Cuando se detecta un incidente, la empresa responsable debe presentar un plan de remediación que es supervisado tanto por las autoridades provinciales como por los auditores independientes. De este modo, se busca garantizar que el daño ambiental sea reparado conforme a las normativas vigentes.
Durante las auditorías, los especialistas también relevan si todos los tanques se encuentran debidamente registrados. En ocasiones, se descubren depósitos no declarados que constituyen una irregularidad formal. En esos casos, se labran actas y se notifica a la Secretaría de Energía para que exija los estudios técnicos que validen su construcción y funcionamiento seguro.
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En cuanto al proceso de auditoría, Parolo aclaró que ninguna empresa puede negarse a ser inspeccionada. Si bien los plazos pueden extenderse por cuestiones administrativas, siempre existe la obligación legal de someterse a los controles. Además, cuando surgen discrepancias sobre un informe técnico, se pueden presentar contrapruebas que quedan a consideración de la autoridad competente.
Otro punto crítico es la sismicidad inducida por el fracking. Javier Grosso, investigador especializado, explicó que en Neuquén se batieron récords de producción y fracturas, lo que ha sobrecargado la capacidad de infraestructura y dificultado la actualización de la normativa preventiva. Grosso remarcó que la inyección de grandes volúmenes de agua y arena a profundidades de hasta 3.500 metros altera el equilibrio geológico y desencadena micro sismos en la región.
La entrevista se realizó en el programa de televisión “LVA La Verdad Avanza”, donde participaron María Eugenia Parolo, doctora en Química y docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, y Javier Grosso, profesor de Geografía y docente del Instituto de Formación Docente Fiske Menuco, quienes expusieron su mirada crítica sobre la situación ambiental de la industria petrolera.
Un tema particularmente sensible es la falta de transparencia sobre la información sísmica. Grosso reveló que existe un acuerdo de confidencialidad firmado entre la Subsecretaría de Hidrocarburos y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que restringe la divulgación de datos sobre los movimientos telúricos hasta 2026. Esta situación genera incertidumbre entre los investigadores y las comunidades afectadas.
Si bien en países como Estados Unidos y Canadá el fracking y su relación con la sismicidad están regulados mediante sistemas conocidos como “semáforos sísmicos”, en Vaca Muerta estos controles están en manos de las propias empresas operadoras. Según explicó Grosso, el Estado provincial no ejerce un monitoreo directo ni prevé normativas específicas que limiten la actividad ante la ocurrencia de temblores.
La dorsal Huincul, una estructura geológica que atraviesa parte de la formación, fue señalada en un inicio como la causa natural de los primeros sismos. Sin embargo, Grosso detalló que a medida que la fractura se expandió hacia otras zonas sin esa falla, los temblores continuaron apareciendo, lo que confirmó la relación entre las operaciones y la liberación de energía acumulada en el subsuelo.
Ante este panorama, los especialistas coinciden en que sería necesario incorporar regulaciones claras que establezcan pausas entre las fracturas, con el objetivo de reducir la presión inducida y minimizar la sismicidad. Para ello, sería clave replicar los mecanismos de control aplicados en otros países productores, donde la actividad no puede avanzar sin auditorías independientes y reportes públicos.
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Fuente: Info Energía
