Las próximas semanas serán una evaluación para saber si es posible respetar la institucionalidad en tierra de Vaca Muerta.

Desde que asumió el gobernador Gutiérrez en diciembre de 2015, su gestión no ha podido dar respuesta a los continuos reclamos de las comunidades originarias ni vehiculizar las demandas sociales de los grupos de desocupados.

Tampoco pudo silenciar a los gremios más representativos de la actividad económica ni dar respuesta a las localidades petroleras sobre temas ambientales, estudios sobre sismicidad o los reclamos por el uso de agua.

El conflicto que estalló el pasado lunes entre el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa con las empresas Shell Argentina, Halliburton y Cristamine puso en alerta a la mayoría de los ejecutivos de las compañías privadas que siguen con detenimiento las acciones que tanto la justicia como la cartera de trabajo darán en estos días.

Para el sindicato, el personal de Cristamine debe estar encuadrado en el convenio colectivo de trabajo de petroleros, pero para la empresa la actividad que desarrolla se encuadra en el convenio de mineros.

El conflicto que hasta el momento generó una pérdida de U$S 500.000, derivó en una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de Nación y una audiencia de mediación en la Fiscalía por la denuncia penal patrocinada por Shell y Halliburton.

Para las empresas, el sindicato se extralimitó en sus derechos y funciones impidiendo el normal desarrollo de la actividad de fractura en el PAD 22 de Cruz de Lorena, poniendo en riesgo el ambiente y presionando a la contratista y la proveedora de arena silícea a transgredir una resolución ministerial.

Por lo que se observa, hace un año que el sindicato perdió la batalla en el ámbito administrativo, pero con la plena recuperación de la actividad intenta resolver el conflicto por medios poco institucionales. Lo que no midió el sindicato al parar la actividad de fractura el pasado lunes es que la empresa angloholandesa no dejó batalla sin librar en la cuenca neuquina.

Cuando supuestos obreros de la UOCRA ingresaron a los tiros en el yacimiento Sierras Blancas el presidente de Shell Argentina, Sean Rooney, no dudó un instante en reunirse con el gobernador Omar Gutiérrez y solicitar la pacificación del área. Por ese entonces, la empresa de capitales extranjeros decidió avanzar lentamente en el desarrollo hasta tener la certeza que el gobierno provincial cumpliera con el compromiso de generar las condiciones de seguridad.

El año pasado, la operadora puso en evidencia la falta de protocolos provinciales para el manejo de sismos. En junio de 2020 Shell decidió suspender en forma preventiva las actividades en Bajada de Añelo por un sismo de magnitud de 3,8 grados que fue percibido en las localidades de Añelo y Sauzal Bonito. La realidad es que la empresa maneja protocolos internacionales (los llamados semáforos) que posibilitan trabajar en forma segura en el yacimiento y generar la confianza necesaria en las poblaciones cercanas. La conducta corporativa de la empresa multinacional dejó un precedente en Vaca Muerta que el gobierno y algunas operadoras prefieren olvidar.

En septiembre de 2020 y cuando la actividad comenzó lentamente a reactivarse de la mano de las empresas privadas, supuestos desocupados de Centenario cortaron varias veces la ruta provincial impidiendo a los petroleros llegar a las operaciones.

Por ese entonces, el Delegado Regional de la UOCRA, Victor Carca, emitió un breve comunicado donde informaba que los piqueteros no pertenecían a ninguna fracción interna del gremio y que Facundo Jara, uno de los líderes, era operario de la contratista Milicic y pertenecía al gremio petrolero.

El silencio cómplice del sindicato liderado por Guillermo Pereyra y la falta de acción del Gobierno Provincial contribuyeron para que dos empresas radicadas en San Patricio del Chañar se trasladaran a la localidad de Añelo, un territorio dominado históricamente por el gremio petrolero.

Con todos estos antecedentes es lógico pensar que las tres empresas continuarán la vía judicial para determinar si la organización sindical cometió el delito de coacción. Pero lo que llamó la atención el jueves pasado en la audiencia de mediación fue el silencio de los mediadores ante la exposición de Guillermo Pereyra. En todo momento, el líder sindical desconoció la resolución de la cartera laboral intentando desterrar la denuncia de coacción presentada por las empresas.

En cinco días la fiscalía deberá decidir si el gremio cometió delito o considerará archivar la denuncia. Esta decisión de la fiscalía será analizada por los departamentos jurídicos de las empresas privadas entendiendo que fijará un antecedente en territorio de Vaca Muerta.

Lo paradójico de esta batalla es que la decisión ya fue expuesta el viernes pasado en la inauguración de la Estación de Servicio de YPF en Añelo. El presidente de la empresa de bandera, Pablo González, agradeció y elogió a Guillermo Pereyra mientras que Omar Gutierrez apoyó abiertamente la modificación de la ley de hidrocarburos. El inicio de una luna de miel que, por el momento, será para tres; y se perfila que no habrá lugar para foráneos.