Las empresas de servicios petroleros que perforan, fracturan, mantienen y ponen en marcha la producción en los pozos de Vaca Muerta están atravesando una situación delicada, ya que por la caída de la demanda local y la baja global del precio del barril que produjo la crisis del Covid-19 se generaron problemas en la cadena de pagos, que tornan difícil sostener miles de puestos de trabajo.

Es que la cuarentena dispuesta por el Gobierno desplomó la venta de combustibles a niveles inéditos. La demanda de gasoil cayó más del 50% y la de naftas, en torno del 80%. Y la situación internacional empeora el panorama: tras haber caído un 68,55% en lo que va del año (incluso llegó a valer menos que cero), el barril WTI cerró el viernes a US$19,78. En tanto el Brent, que se toma de referencia en la Argentina, cayó 60% en los últimos meses y terminó en la última jornada a US$ 26,39

En esa línea, en las últimas horas la mayor firma de servicios petroleros del país, San Antonio, envió una comunicación interna a entre 100 y 200 de sus 3700 empleados en la que anuncia que están «imposibilitados de pagar sueldos el próximo lunes 4 de mayo, primer día hábil del mes». El texto, al que tuvo acceso LA NACION, agrega: «Estamos haciendo todas las gestiones posibles para aliviar esta situación y confiamos en poder acreditar sueldos, aunque sea parcialmente, en la semana del lunes 11 de mayo. Continuaremos trabajando incansablemente para resguardar a nuestra empresa y a nuestros empleados ante esta crisis inédita que afecta a todos», señala la comunicación.

Entre los motivos que llevaron a esta situación, la firma explica en el comunicado que la disponibilidad de fondos se ve restringida por la falta de pago de sus clientes, en una clara demostración de que la cadena de pagos cruje en el sector. Además, San Antonio se encuentra en negociaciones con los bancos para reestructurar los plazos de pago de diversos créditos por un total US$106 millones. Ante la consulta de este medio, en la compañía prefirieron no hacer comentarios.

Esta situación se suma a las suspensiones de empleados que debieron llevar a cabo las compañías del sector debido a la falta de actividad, como en el caso de la firma Weatherford, que comunicó a parte de su plantilla suspensiones entre el 1° de abril y el 31 de mayo. La compañía dice en el texto que «la crisis en la que se encuentra el país, agravada por el brote del coronavirus», coloca a la empresa «en una coyuntura internacional que condiciona e impacta negativamente a la industria hidrocarburífera».

El texto añade: «Por ello, y en el marco de los acuerdos firmados con los distintos sindicatos de la industria y los DNU 329/20, el 355/20 y/o el que en un futuro lo reemplace y/o extienda, se le comunica a usted que no deberá prestar servicios efectivos durante el período comprendido entre el 01/04/2020 y el 31/05/2020».

Otra alternativa a la que recurrieron algunas empresas del sector fueron los retiros voluntarios para algunos de sus empleados. Tal fue el caso de Schlumberger, que abrió un programa entre el 1° y el 30 de abril, y de Pecom, cuya adhesión está vigente hasta el 31 de mayo.

Las empresas de servicios petroleros emplean a la mayoría de los trabajadores que están en los yacimientos. A su vez, son la fuente de ingreso de una variedad de pymes contratistas, entre las que se encuentran las proveedoras de arena para realizar el fracking en los pozos no convencionales de Vaca Muerta, por ejemplo.

El ritmo de actividad de las compañías de servicios no depende de ellas. Quienes toman la decisión de invertir y aumentar o bajar los equipos de perforaciones son las empresas petroleras, entre las que se encuentran YPF, Pan American Energy (PAE), Tecpetrol, Exxon, Chevron, Shell, Total y Vista.

Al tratarse de una industria de capital intensivo, el freno en la producción es casi instantáneo cuando las condiciones para invertir no están dadas. Y a diferencia de lo que ocurrió en los últimos años, esta vez el golpe en la actividad se dio por dos fenómenos exógenos a las regulaciones nacionales.

En este contexto, el Gobierno busca llegar a un acuerdo con todas las partes para atenuar la caída en la actividad, que podría desembocar en una pérdida de miles de puestos de trabajo. El foco principal del Ministerio de Desarrollo Productivo -del cual depende la Secretaría de Energía- está en establecer un precio para el denominado barril criollo , al cual la producción sea sustentable, ya que con valores cercanos a US$20 -como cotiza actualmente el precio internacional del petróleo- no hay actividad petrolera posible.

Fuente: La Nación.