En línea con el plan de desregulación económica, el Gobierno eliminó el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), una medida que destraba el ingreso de equipos esenciales para el sector energético.

En una decisión que apunta a acelerar el desarrollo energético argentino, el Gobierno eliminó el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), una normativa que desde hace años restringía el ingreso de maquinaria usada al país y que representaba una de las principales trabas para sectores estratégicos, como el petrolero y el gasífero.

El anuncio fue realizado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como parte del proceso de simplificación administrativa y liberalización económica que impulsa la actual gestión. La medida se enmarca en la implementación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que comenzó a regir en diciembre del año pasado y que propone una profunda reforma estructural del aparato normativo del Estado.

El CIBU era un permiso obligatorio que regulaba la importación de bienes de capital usados, con intervención directa de la Secretaría de Industria.

En la práctica, esta normativa implicaba un proceso lento, burocrático y costoso que afectaba especialmente a industrias con alta demanda de tecnología y equipamiento específico, como la energética.

Desde el sector, celebraron la medida y la consideran clave para destrabar inversiones en Vaca Muerta, el principal yacimiento no convencional de petróleo y gas del país, que requiere equipamiento pesado de alta complejidad, muchas veces sólo disponible en mercados internacionales de segunda mano.

“Este tipo de permisos no sólo encarecen el acceso a tecnología, sino que también atentan contra la competitividad y la inversión”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales.

La eliminación del CIBU también responde a un reclamo sostenido de parte del gobierno de los Estados Unidos, que había identificado esta exigencia como una barrera al comercio en su informe anual sobre prácticas restrictivas, elaborado por la Oficina del Representante de Comercio (USTR).

Un alivio para la industria energética

En los hechos, la resolución abre la puerta a la incorporación ágil de torres de perforación, bombas, motores, generadores y otros equipos clave para la operación de pozos y el transporte de hidrocarburos. En un contexto de escasez de maquinaria a nivel local, las compañías operadoras y proveedoras de servicios podrán ahora acceder con mayor facilidad a equipamiento importado usado, muchas veces en buen estado y a precios más competitivos.

Empresarios del sector venían solicitando desde hace tiempo una revisión de esta normativa, ya que representaba un obstáculo relevante para avanzar con nuevos proyectos o ampliar operaciones.

En particular, afectaba a las firmas más pequeñas o medianas, que no cuentan con la espalda financiera para adquirir equipos nuevos.

“En un contexto de fuerte ajuste fiscal y necesidad de atraer inversión privada, esta decisión apunta a generar un flujo más ágil de equipamiento hacia sectores productivos, con el energético a la cabeza”, señalaron fuentes del sector hidrocarburífero.

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Fuente: El Economista