En la Patagonia neuquina, la operación de Vaca Muera convoca a una decena de petroleras, a comunidades mapuches y sus vecinos crianceros. Todos mantienen una convivencia de conflictos administrados que -acaso por la disminución de la actividad provocada por la pandemia- tuvo algunos chispazos en las últimas semanas.

Esta semana la Justicia absolvió a integrantes de la comunidad Campo Maripe, acusados de usurpar un lote de sus vecinos, la familia Vela. Ese terreno de Añelo, corazón de Vaca Muerta, era una servidumbre de paso hacia una explotación de YPF. Colocaron una tranquera reivindicando la propiedad de esa tierra que se disputaban con sus vecinos.

El caso se inició en 2014 y fue llevado a juicio en 2019, porque demoró más de tres años en llegar a un fallo. La defensora de los mapuches Micaela Gomiz la pidió y la fiscalía y la querella de los Vela no se opusieron. Acabó la causa penal contra los seis integrantes de la comunidad Campo Maripe, pero los Vela decidieron seguir con la causa civil, donde un juez ya ordenó desalojar la propiedad. El caso está a la par de la discusión sobre el relevamiento territorial de las comunidades indígenas, que aún no ha concluido. Para las defensas, la fiscalía se movió según el clima político: antes acusó y ahora no se opuso a sobreseer.

Hubo otros dos incidentes con otras aristas. Esta semana los Lara, que son ganaderos, estaban alambrando un campo a la vera de la ruta para evitar que los animales cruzaran el camino, cuando se enfrentaron con un grupo de la comunidad Kaxipayin, que los acusó de ocupar tierras con la complicidad del Estado. Hubo amenazas, intervino la policía y todo terminó con el patrullero y el uniformado golpeados y dos mapuches heridos.

El otro episodio, del que se tienen menos detalles, fue un robo de maquinarias y herramientas en una explotación de YPF, que alarmó a las petroleras, que buscan mantener una convivencia sin conflictos de alta intensidad con las comunidades.

Las comunidades mapuche de la zona de Loma La Lata y Lomas Campana son principalmente los Paynemil, Kaxipayin y Campo Maripe, que mantienen acuerdos con la mayoría de las empresas que trabajan en la zona. No se trata de usurpaciones al estilo de las que se ven en el conurbano, con familias desesperadas sin acceso a la vivienda, mezcladas con la política, organizaciones sociales y mafias inmobiliarias. Aquí se ven camionetas cuatro por cuatro y se discuten jugosas compensaciones.

El protagonista es el Estado provincial, que por un lado concede concesiones para explotar el subsuelo (estatal, no privado) a empresas privadas y por otro lado otorga a las comunidades reconocimiento y la tenencia del campo. Así las cosas las empresas negocian con las comunidades. Si tienen un reconocimiento es mas fácil porque se firma un acuerdo para la utilización de la superficie, ya sea para montar un pozo, una válvula, o un caño o para acceder temporariamente al lugar donde se realiza la obra.

Las empresas prefieren pagar y reducir la conflictividad. Sus exploraciones petroleras son financiadas por bancos extranjeros que para dar créditos evalúan el compromiso de estas firmas con los derechos humanos, o temas ambientales, por ejemplo. En particular una normativa de la OIT que exige la consulta a los pueblos originarios al explotar el territorio. Si las comunidades no tienen título de propiedad, la empresa de todos modos negocia dado que le interesa la operación.

En medio se da el surgimiento de nuevas comunidades (la mapuche crece a diferencia de otras que están en vías de extinción) y los conflictos intracomunitarios, donde algunas de las familias de una comunidad que llegaron a una acuerdo tienen diferencias con los propios mapuches y este grupo se separa pidiendo a la empresa un acuerdo propio. O se dan conflictos con los crianceros, sus vecinos en el territorio.

El 10 de octubre pasado dos integrantes del Club Mari Menuco fueron a constatar si había una toma y terminaron huyendo bajo una lluvia de piedras de un grupo de la comunidad Kaxipayin. Hace 10 años que vienen con este conflicto.

Ayudados por una normativa neuquina que reconoce la ley mapuche para la resolución de conflictos en los casos no graves, se dejan estos temas en manos de la comunidad, el Estado y los particulares.

Fuente: La Nación.