El shale en el país ya supo de ingenierías financieras que funcionaron como salvoconductos para el giro de divisas. Ocurrió por caso luego de la nacionalización de YPF, algo que permitió el envío de fondos de Chevron al país. Es el contrato cuya confidencialidad el gobierno anterior buscaba preservar, en aquellos momentos en que, sobre todo la falta de conocimiento de sectores opositores puso en riesgo el desarrollo del principal proyecto energético del país.

La situación macroeconómica es la que ahora trae a escena una vez más el tema de las garantías para la circulación de los fondos de los no convencionales ante las restricciones que esta vez estableció el actual gobierno nacional.

Ocurre de la mano del decreto 929/2013, un texto que le había otorgado una serie garantías a la principal fuente de financiamiento para el despegue del shale: Chevron, que trajo miles de millones de dólares al área Loma Campana, ese laboratorio en el que se asoció con YPF y permitió que Vaca Muerta fuera, al fin, una realidad.

El decreto, firmado por Cristina Fernández en 2013, daba un impulso en dos direcciones.

Por un lado, estableció que un 20% de la producción de una empresa que superará los 1000 millones de dólares de inversión pudiera ser comercializada en el exterior con una alícuota de 0% en los derechos de exportación.

Marcó así la senda exportadora y una eventual salida para la obtención de precios de mercado ante la amenaza de inestabilidades políticas. Una opción que siempre estuvo latente y se actualiza nuevamente en un contexto de precios contenidos (los u$s 59 del crudo local a un dólar en torno a los $50).

Por otro lado, la normativa del 2013 impulsada por el kirchmerismo se refiere a un tema central para los inversores del sector. Dice que las productoras “tendrán la libre disponibilidad del 100% de las divisas provenientes de la exportación de los hidrocarburos (…), siempre que el ‘proyecto de inversión para la explotación de Hidrocarburos aprobado hubiera implicado el ingreso de divisas a la plaza financiera argentina por el importe previsto». Es como una paradoja que une el pasado con el presente (una vez más), casi escribiendo desde otro tiempo las opciones para los límites a las operaciones en dólares que fijó la administración del presidente Mauricio Macri con los anuncios hechos por el ministro Hernán Lacunza.

Al menos la gigante estadounidense podría realizar los trámites para acceder al beneficio, si se contempla la letra de ese decreto. Todavía no fue confirmado oficialmente por ninguno de los que podrían hacerlo.

En medio del camino a la elección general de este mes y sin certezas sobre el rumbo económico, la posibilidad de que el decreto vuelva a escena se puede tomar de varias formas.

Algunas fuentes de la industria ven en ese texto una suerte de plan para preservar el nivel de inversiones en Vaca Muerta si las condiciones para el giro de divisas al exterior anunciadas por Lacunza tendieran a prolongarse en el próximo período presidencial.

Es decir, algo así como un salvoconducto para el manejo de dólares, en un contexto en el que todavía no está del todo claro por cuánto tiempo durarán los límites a la movilidad de los recursos de grandes empresas.

En este punto cabe señalar que Vaca Muerta recibió entre 4000 y 6000 millones de dólares por año en inversiones en los últimos cuatro. Y que esencialmente más que el precio del Brent interno lo que podría poner en tensión su desarrollo pasa por las restricciones que imponen el escenario menos deseado para cualquiera que quisiera invertir enormes cifras de dinero si la moneda de cambio es la imposibilidad de disponer libremente de sus ganancias.

Sin embargo, el beneficio del decreto 529 no es algo que, tal como está redactada la normativa, pudiera servir para todos los casos.

El texto que permitió el despegue de Vaca Muerta habla de la necesidad de poner en juego 1000 millones de dólares para acceder a las condiciones que establece. Y fija las reglas de juego para el sexto año de los contratos. Por eso algunos creen que más bien lo que se busca es marcar un posible camino ante un escenario de indefiniciones sobre cómo se sale del actual contexto.

No está claro lo que haría el gobierno de Alberto Fernández si confirma el resultado de las PASO en las elecciones generales de este mes. Pero algunos en la city porteña, ante la incertidumbre imperante, creen que las condiciones actuales podrían seguir durante algunos meses más en un contexto de fuerte presión sobre las reservas del BCRA y sin acceso al crédito.

Es parte de lo que, en algún punto, expresó el presidente de YPF Miguel Gutiérrez, quien destacó esencialmente que la principal productora del país no podrá renovar bonos que antes sí podía renovar en cada vencimiento y que deberá afrontar sus deudas con la caja propia. Hoy es algo que puede sostener, pero el paso de cada día suma razones para preguntarse hasta cuándo podrá hacerlo sin afectar el nivel de inversiones, en un contexto en el que su principal fuente de ingresos, la venta de naftas, también tiene el freno de la intervención estatal en los surtidores.

Fuentes consultadas creen que el decreto puesto en escena una vez más podría ser un modelo o camino a seguir, en medio del mar de dudas que ofrece la conjunción de las decisiones actuales con las que se buscó contener la sangría cotidiana de dólares del BCRA y la falta de precisiones sobre lo que viene.

Los albores de Vaca Muerta: el caso de YPF-Chevron

Las inestabilidades políticas y macroeconómicas ya tallaron en el desarrollo de la formación neuquina, el tercer polo no convencional de América detrás de Estados Unidos y Canadá.

YPF había tenido que recurrir a una ingeniería financiera que generó muchas dudas durante el gobierno de Cristina. Fue el tan mentado caso de las “cláusulas secretas” del acuerdo entre la empresa nacionalizada y Chevron.

En ese entonces, la mayor productora argentina había recurrido a un esquema de seis empresas offshore para ingresar divisas al país. Así logró esquivar a los fondos buitre que trataban de echar manos a cualquier recurso que circulara por el sistema financiero internacional y tuviera a la Argentina como protagonista, en el contexto del litigio por la nacionalización de la petrolera.

Tal como el actual CEO de la compañía Daniel Gonzalez reseñó ante un puñado de periodistas en la sede de la compañía en Puerto Madero, ese esquema para el ingreso de divisas al país estaba integrado por las siguientes firmas: YPF SA, Worker Ivestment SA (Uruguay), YPF Shale Oil Holding LTD (Bermudas), YPF Shale Oil Investment I y II (ambas con sede en Delawere, Estados Unidos) y la Compañía de Hidrocarburos no Convencional SRL.

Al menos la tres últimas habían sido un canal para el ingreso de fondos de Chevron, desde el 2013, cuando esa compañía había transferido unos u$s 2800 millones a un cambio oficial promedio 7,90 pesos.

Fue básicamente, lo que permitió el despegue de una nueva industria para el país, en medio de los embates internos y externos con los que tuvieron que lidiar los recursos no convencionales en el país.

Fuente: LMNeuquen.