Si queremos pensar en un país industrial y no conformarnos con ser un país extractivista «gasífero-rentista» son necesarias políticas productivas.

Recientemente se presentó un proyecto de ley que declara «de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de gas natural licuado (GNL) y sus actividades asociadas, vinculadas con el almacenamiento, comercialización, transporte y la instalación de infraestructura en el territorio».

Con este régimen de promoción, se busca destrabar inversiones multimillonarias que implicarían un salto en las exportaciones, ingreso de divisas y la posibilidad de agregado de valor y generación de empleo.

Como se sabe, nuestro país cuenta con enormes recursos de gas no convencional. En 2011, la entonces Repsol YPF anunció grandes descubrimientos de gas «no convencional» en la provincia de Neuquén, anuncio que quizás precipitó la decisión oficial de expropiar el 51% de las acciones de Repsol YPF en aquel año.

El denominado yacimiento de «Vaca Muerta» posiciona a Argentina como el segundo país con mayores reservas de gas del mundo y, como si fuera poco, el yacimiento muestra excelentes resultados productivos.

Durante los últimos años el crecimiento en la producción de Vaca Muerta propició la necesidad de importantes inversiones en infraestructura, y en particular en transporte, para trasladar volúmenes crecientes de gas y petróleo.

La construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) representa una obra relevante que permitirá canalizar la creciente producción de Vaca Muerta e incrementar la producción del yacimiento, posibilitando ampliar la capacidad de transporte y hacer llegar el preciado gas a los centros de consumo.

gasoducto

Asimismo, de acuerdo a la Secretaria de Energía, se podrá sustituir importaciones por US$ 4.200 millones, que hoy se importan de Qatar y Trinidad & Tobago, en forma de GNL, y por gasoducto desde Bolivia.

Vale la aclaración que las importaciones de gas le costaron al país, a partir de 2008, decenas de miles de millones de dólares, deteriorando la cuenta corriente del balance de pagos, el sostenimiento de la actividad productiva, las reservas del BCRA y la estabilidad macroeconómica.

El GPNK contempla una segunda etapa de construcción entre la localidad bonaerense de Salliqueló y San Jerónimo, en Santa Fe, que permitirá llevar gas al norte argentino y exportar a Brasil. Para tomar dimensión del volumen de Vaca Muerta, se estima que representa el equivalente a 500 años del consumo actual de nuestro país.

Argentina tiene la oportunidad de volver a ser un «país gasífero», lograr el autoabastecimiento, expandir su red gasoductos y llegar a regiones y ciudades a las que hoy el gas natural no llega, como por ejemplo la región del NEA, posibilitando el desarrollo económico e industrial y la mejora de la competitividad sistémica.

El proyecto de Ley de Gas Natural Licuado, recientemente enviado al Congreso, responde a la necesidad de un marco jurídico que promueva y fomente las inversiones necesarias para exportar GNL, para ello es necesario un proceso industrial de licuefacción que permita transportar gas natural en forma líquida, permitiendo monetizar reservas remotas y aisladas, como lo es Vaca Muerta, de los grandes centros de demanda mundial. Para ellos son necesarias millonarias inversiones, seguridad jurídica y garantías.

¿Cuáles son las restricciones actuales? Se requiere de inversiones millonarias en capital y garantías de repago de la inversión, así como también garantías en el acceso al recurso primario: el gas.

También existe competencia con otros países que por su cercanía geográfica a los grandes centros de consumo cuentan con ventajas extra a la hora de ser fuentes de suministro. En tal sentido, el proyecto de ley apunta a las restricciones nombradas y a dotar de un marco normativo y regulatorio para el desarrollo de las inversiones basado en tres ejes:

Garantía en el abastecimiento del gas.
Incentivos fiscales para reducir el costo del capital.
Garantía de acceso a las divisas para el repago de las inversiones.
La norma traza un sendero de 30 años de estabilidad fiscal y jurídica, de aprobarse este marco, podrían destrabarse millonarias inversiones, como por ejemplo el acuerdo realizado entre YPF y su par malaya Petronas, por US$ 40.000 millones y potenciales exportaciones anuales de US$ 15.000 millones.

De acuerdo a cálculos de Fundar, el potencial exportador podría alcanzar US$ 27.000 millones. Estos números son espectaculares, y equivalentes a las exportaciones del complejo sojero, lo que no solo permitiría al país de disponer de mayores divisas, sino también diversificar la fuente de las mismas y amortiguar el impacto de posibles sequías y de los precios internacionales de la soja.

Renglón aparte, desde una visión industrialista y desarrollista, las exportaciones de gas son una condición necesaria pero no suficiente: responden a la urgencia y a la necesidad de dividas.

Si queremos pensar en un país industrial y no conformarnos con ser un país extractivista «gasífero-rentista» son necesarias políticas productivas, en un entorno de una razonable estabilidad macro, que fomenten industrias de base derivadas del gas y petróleo, el desarrollo de la petroquímica, la química fina y la producción de fertilizantes.

Se requieren también de políticas de transferencia tecnológica que desarrollen sectores de alta complejidad relacionadas a la cadena de valor del gas.

Las oportunidades son enormes, contamos con los recursos naturales y humanos, un mundo que por razones geopolíticas y de transición energética demanda gas y la posibilidad de densificar la cadena de valor del gas, agregando y exportando valor.

Brasil, a modo de ejemplo, hoy granero del mundo, importa el 87% de los fertilizantes que consume. Solo de urea granulada importó durante el 2022 la suma de US$ 4.506 millones que podría importar en un futuro de nuestro país a partir de la industrialización del gas.
Argentina tiene un potencial enorme a partir del boom gasífero, pero su exportación e industrialización, se requiere de decisión política y políticas públicas que acompañen y estén a la altura del desafío.

Fuente: El Economista