El gobierno de Venezuela puso en marcha el reglamento de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, una norma que reorganiza el esquema operativo del sector petrolero y habilita la participación privada en actividades técnicas, operativas y comerciales.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció la medida tras la revisión de 1.389 resoluciones previas, en un proceso que actualiza el marco regulatorio vigente desde hace más de dos décadas.
La promulgación del reglamento se produce en un contexto de reconstrucción nacional luego de los terremotos de junio, que generaron cerca de 1,2 millones de toneladas de escombros y afectaron infraestructura crítica. El gobierno vinculó la reforma con la necesidad de acelerar la recuperación económica y canalizar recursos hacia las zonas más dañadas.
El nuevo esquema mantiene la propiedad estatal de los yacimientos, pero habilita a empresas privadas —nacionales e internacionales— a asumir funciones técnicas y operativas que antes estaban reservadas a PDVSA. También permite que compañías mixtas administren proyectos y que los inversores comercialicen directamente el crudo, una actividad que históricamente estuvo centralizada en el Estado.
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En materia tributaria, la ley fija una regalía máxima del 30% sobre la producción y autoriza al Ejecutivo a reducirla según criterios técnicos y necesidades de inversión. La eliminación de tributos asociados a precios internacionales altos del petróleo busca mejorar la competitividad y atraer capital privado a campos que requieren CAPEX significativo para su recuperación.
El reglamento incorpora mecanismos de arbitraje y resolución alternativa de disputas, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica para operadores extranjeros. La apertura regulatoria se alinea con prácticas vigentes en otros países productores de la región y constituye un cambio relevante en la política petrolera venezolana, que durante más de veinte años mantuvo un esquema de control estatal estricto sobre la cadena de valor.
