El pasado 21 de julio, un temporal de viento, lluvia y nieve en Chubut generó un fenómeno nunca antes visto: 56 torres de líneas de alta tensión se dañaron y 52 de ellas colapsaron. Esto afectó al sistema eléctrico, pero sobre todo impactó en las finanzas del Tesoro Nacional, ya que se cortó la conexión con la central hidroeléctrica Futaleufú y se debió reemplazar esa generación renovable por la térmica, que es muchísimo más cara (US$4 el megawatt/hora -MW/h- contra US$53 el MW/h, aproximadamente).

La desconexión generó un sobrecosto de por lo menos US$133 millones si se tiene en cuenta que recién las torres estarían de nuevo en funcionamiento a partir de mayo; es decir, 10 meses después del accidente. Según explicaron fuentes del sector, de este monto, se calcula que por lo menos se podrían haber ahorrado US$79,8 millones, si las negociaciones para reparar el tendido eléctrico no se hubieran demorado como ocurrió, y podría haber estado en funcionamiento desde diciembre pasado (seis meses antes).

La empresa que tiene la concesión del servicio de transporte eléctrico de las líneas de alta tensión 330kV Futaleufú – Puerto Madryn es Transpa, controlada por la compañía privada Trelpa (51% de las acciones), la provincia de Chubut (33%), el Estado (6%) y sus empleados (10%).

A su vez, Trelpa es propiedad de las empresas Aluar (40%) y Camuzzi (40%) -que no tiene relación con la distribuidora de gas; le pertenece al empresario italiano Fabricio Garilli-, y de ocho cooperativas de la provincia (20%).

Según la regulación, Transpa, como operador, debe financiar el costo de reparar las torres. Se trata de un monto no menor a los US$20 millones, que la empresa no está en condiciones de pagar, en parte porque las tarifas del transporte eléctrico están congeladas desde febrero de 2019. Por ello, solicitó ayuda económica del Estado para emprender las obras.

Pero justo un mes después del incidente, la Secretaría de Energía cambió de dirección, y Darío Martínez reemplazó al misionero Sergio Lanziani. Federico Basualdo, anterior interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), asumió como subsecretario de Energía Eléctrica. Estos traspasos de mando retrasaron las negociaciones.

Mientras tanto, Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho de energía eléctrica, hizo informes acerca del sobrecosto que generaba la desconexión de la central hidroeléctrica Futelufú, que estimó entre US$10 y US$20 millones para cada mes de verano y otoño, respectivamente, y de hasta US$40 millones para los de invierno, si continúan las torres dañadas, según una resolución publicada hoy por la Secretaría de Energía.

La misma resolución admite que «los sobrecostos resultantes de esa estimación son significativamente mayores que los costos informados por Transpa (…), destacando que con menos de dos meses de los sobrecostos de verano o de uno de invierno, se recuperaría el costo asociado a la obra». Por eso resulta extraño que no se haya resuelto antes el financiamiento de las reparaciones.

En el Gobierno responsabilizan a Transpa por la demora en el comienzo de la reparación. «Presentó hace una semana el presupuesto de la obra. Sin presupuesto, no hay obra. Las 57 torres las compró el Estado Nacional hace un mes y medio. Por otro lado, con la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del macrismo eliminaron un fondo para eventos extraordinarios, con lo cual sacaron el instrumento legal y financiero para hacer frente a este tipo de situaciones. Hubo que trabajar y sintonizar con todos los actores una decisión alternativa», dijo a LANACION un funcionario en la Secretaría de Energía.

El empresario Javier Madanes Quintanilla, presidente de Aluar, por su parte, indicó que, «por una serie de eventos desafortunados, ha llevado más tiempo de lo que sería eficiente para resolver este problema».

«No hemos sido eficientes todos en aportar nuestro granito de arena de manera veloz. Ahora debemos recuperar el tiempo perdido; por el vertedero se tira fortuna todos los meses», dijo Madanes Quintanilla, en referencia a la imposibilidad de utilizar la central hidroeléctrica Futaleufú, de la cual Aluar también es propietaria con el 60,2% de la tenencia accionaria, junto con el 33,51% en manos de la provincia de Chubut.

Antes de que comience el invierno, la cartera energética quiere tener la represa conectada de nuevo al sistema. Por eso instruyó a Cammesa a realizar una financiación anticipada, que podría ser de $1446,7 millones, y que deberá ser reintegrado por Transpa una vez que el ENRE ponga en vigor los resultados de la revisión tarifaria de transición.

Fuente: La Nación.