En charla con el consultor en asuntos energéticos del precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, Eduardo Rodriguez Chirillo proporcionó a nuestra revista Energía en Movimiento las propuestas relacionadas con el programa de política energética presentado ante el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI).

Eduardo Rodriguez Chirillo es un profesional con más de 28 años de experiencia en el sector energético en América Latina, incluyendo 14 años en México y ha desempeñado roles clave en la expansión del sector eléctrico y en proyectos de generación renovable en México y Honduras. También ha tenido funciones relevantes en el Gobierno Argentino, elaborando normativas y regulaciones en el sector energético.

Actualmente, se desempeña como asesor en consultorías específicas en Argentina y en proyectos convocados por el BID. Su enfoque incluye la estructuración de proyectos de producción de hidrógeno verde para generación eléctrica en América Latina y Europa. Además, ha participado en la creación de normas regulatorias y políticas públicas en Argentina y España.

Entre las propuestas para el sector, proponen diversas medidas destinadas a mejorar la producción y distribución de energía eléctrica, gas natural y petróleo en el país, así como en sus instituciones del sector energético.

Consideran indispensable la recuperación de los entes reguladores (hoy intervenidos), pero teniendo un solo ente regulador nacional de la energía que interactúe en forma coordinada con Defensa de la Competencia, para evitar las situaciones de posición dominante de ciertos agentes de la industria.

Enfatizó la importancia de establecer «reglas claras y estables para el funcionamiento de los mercados», con el fin de brindar las señales de precios adecuadas para fomentar la inversión privada y reducir la intervención gubernamental en todo aquello que no es esencial, y que los agentes de la industria puedan resolverlo como ocurría hace más de dos décadas atrás. Para ello, se propone una revisión de las funciones del Estado en el sector energético, eliminando o substituyendo subsidios en forma inmediata, aquellos que el Estado otorga para el ejercicio de actividades de la industria como es la producción de hidrocarburos o en la actividad de Gas Licuado de Petróleo (GLP), permitiendo la participación de la iniciativa privada en mercados competitivos y en la ejecución de infraestructura energética a través de licitaciones.

Comentó que hay que invertir para superar las restricciones de acceso a infraestructura (tanto en transporte eléctrico como en gasoductos y en estaciones terminales de GNL y puertos.

Para hacer un buen diagnóstico el sector, el consultor de Javier Milei, considera que es necesario revertir en forma inmediata el resultado negativo de la balanza energética nacional (BEN), que durante los últimos 10 años acumulados, ha significado para el país una pérdida de U$S 30.000 millones y que en 2022, ha sido de U$S 4.400 millones. Agregó que esto no ocurre por casualidad, sino porque durante todo ese tiempo se tuvo la convicción de que el autoabastecimiento era la meta a conseguir, lo cual se logró a costos altísimos, y siendo el Estado el que los asumía, vía subsidios a las actividades de la industria. Afirma que hoy tenemos un sector totalmente desinvertido, salvo determinadas inversiones que se realizaron a altos costos y en forma demorada (como la reciente inauguración anticipada del primer tramo del gasoducto Nestor Kirchner), sin tener las señales de precios adecuadas con los mercados internacionales. Totalmente desfinanciado, dado que las tarifas no cubren el costo del suministro en forma total sino parcialmente.

Enfatizó que este esquema así no funciona ni se puede sostener más, dado que nos encontramos en una situación muy crítica para atender el consumo del mercado local y los eventuales crecimientos y frente a esta situación, lo esencial es que “el Estado cambie la mirada”, con intenciones reales de integrarse al mundo y aportando el valor agregado que dispone y que el mundo necesita (entre ellos, energía).

En lo que respecta al tema de tarifas, es urgente iniciar el proceso de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), que definan los costos reales de suministro y también se determinen los subsidios que deben mantenerse para la gente en situación de vulnerabilidad. Agrega que no tiene que haber subsidios a actividades, y los subsidios deberán orientarse en forma directa al consumo de la gente vulnerable, hasta un umbral determinado, y que no debe subsidiarse el precio.

Afirmó que “Los subsidios al precio de la energía atentan contra el uso responsable y ahorro de la energía”, y que actualmente los usuarios cubren solo el 40% del costo de la misma.

También resaltó la necesidad de cambiar el enfoque del Estado, orientándose hacia la apertura al mundo y la búsqueda de integración a través de exportaciones firmes a largo plazo. Con esta estrategia se propone mejorar los índices de intercambio comercial, especialmente a partir del aprovechamiento de los recursos energéticos de Vaca Muerta, siempre que se haga la infraestructura necesaria y todas las autorizaciones de exportación dejen de ser discrecionales, para volverse en un derecho de productores o comercializadores, que mientras cumplan los requisitos establecidos, cuentan con el derecho a exportar en firme y largo plazo. Reservándose el Estado la posibilidad de objetar el ejercicio de ese derecho si afecta el consumo interno, en cuyo caso deberá asumir los costos el agente de la industria que quiera ejercer el derecho a exportar en firme y largo plazo.

Dentro de los puntos clave del plan de gobierno energético presentado se incluyen:

1.Respetar lo acordado y mantener la seguridad jurídica sin afectar derechos adquiridos.

2.Establecer un régimen de transparencia y previsibilidad para las acciones normativas del sector, con participación de los agentes de la industria. Esto, agregó el consultor, es indispensable para generar la confianza en los inversores para la toma de decisiones de inversión.

3.Fomentar la inversión privada en infraestructura energética de transporte, lo que incluye ductos, redes eléctricas, estaciones de GNL y puertos para barcos que exporten petróleo para mejorar la producción y distribución de energía.

4.Establecer contratos a largo plazo entre productores y consumidores, y reemplazo de tecnologías ineficientes.

5.Recuperar la confianza en la inversión y cambiar el enfoque del Estado para favorecer las exportaciones y la apertura al mundo.

6.Restablecer la normalidad de los entes reguladores y realizar su unificación (Gas y EE), como funciona en Europa.

En cuanto a la producción y distribución de energía eléctrica, propone que CAMMESA vuelva a su rol original de organismo encargado del despacho y administradora del mercado eléctrico mayorista, dejando de adquirir combustible para generadores, que ahora serían responsables de su propio abastecimiento de gas. Además, se plantea restablecer el mercado a término para permitir contratos de abastecimiento de generadores con distribuidores y grandes usuarios.

En cuanto al gas natural, se busca reducir los subsidios en la producción y migrar los contratos del Plan GasAr con CAMMESA y ENARSA a contratos directos entre productores y consumidores. También se propone instaurar el gas natural licuado (GNL) como un producto industrial, (al igual que el metanol o la urea) eliminando algunas restricciones normativas que afectan su desarrollo para el mercado de exportación.

Relacionado con la transición energética Rodriguez Chirillo dijo que se deben tomar medidas para cumplir con los compromisos internacionales. De todas maneras dijo que, “No hay que copiar la de Europa, que tiene otra matriz energética y una problemática diferente a la nuestra”. “Estoy allá residiendo y les aseguro que es muy costoso la forma en la que lo están haciendo electrificando todo, pues para ellos esa es la necesidad, pero no es la nuestra. Ellos ponen el énfasis en la transición en las renovables solamente, nosotros tenemos la posibilidad de complementar con el gas y bajar los costos”. En función de esto indicó lo siguiente:

1.Cumplir con las «Contribuciones Nacionalmente Determinadas» (CND) a partir del aprovechamiento de los recursos naturales argentinos, despejados de todo subsidio.

2.Utilizar el Gas natural, para que los recursos No Convencionales que dispone la Argentina (2dos a nivel mundial) generen valor agregado a partir de exportarlo al mundo y posicionándolo como un complemento de las renovables durante la transición energética.

3.Fomentar la instalación de parques renovables eólicos y solares (la Argentina es de los países con más horas altamente aprovechables por año de estos recursos), hidro, geotermia y bioenergías, incluyendo proyectos híbridos, siempre que la demanda eléctrica lo requiera y que no resulte fruto de una decisión estatal no coordinada con la misma.

4.Aplicar soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), mediante la captura de CO2 que la fotosíntesis y la tierra necesita (forestación, pasturas, etc.). La Argentina tiene mucho espacio aprovechable para esta opción a costos menores que otras partes del mundo y por lo tanto puede ser una contribución global, con valor agregado junto con el gas natural, para el NetZero. La Bioenergía como parte de las SBN (Biocombustibles/Biogás)

5.Premiar a quienes adopten soluciones tecnológicas para lograr una Eficiencia Energética (solo será realizable sin subsidios a los precios de la energía) y el ahorro de energía, pues ambas medidas colaboran en el logro de los objetivos de reducción de los GEI

6. Utilizar las energías renovables para abastecer un tipo de demanda, en especial la energía térmica: calor de procesos industriales, agua caliente sanitaria, calefacción, en la que se tiene déficit para ser atendida en determinados lugares del país.

7. Articular y facilitar la transición energética a las PYMES para que aquellas que se interesen, accedan a información necesaria para anticipar contexto, identificar mejoras y accedan a equipamiento y financiación (hay Financiamiento Internacional Disponible para ello).

Relacionado con los biocombustibles dijo que el Estado solo debe regular el porcentaje de mezcla. “El reciente régimen dictado estableció porcentajes que están por debajo de lo que se determina en otras legislaciones comparadas”, y que la asignación de cupos atenta contra la competencia y el libre mercado. El marco regulatorio de los Biocombustibles actual, tiene un plazo de vencimiento, a diciembre del 2030. Esto otorga un desincentivo al inversor e inestabilidad al empresario actual. Por lo tanto, se debe enmarcar jurídicamente en un largo plazo, no solo para el recupero de la inversión, sino también para consolidar este sector industrial.

También dijo que se debe “reglamentar el aprovechamiento y uso del biogas como servicio público, que hoy solo se está aprovechando en forma aislada”.

Fuente: Energía en Movimiento