Las pérdidas y el balance en rojo de la petrolera convencieron al Gobierno de que era necesario tomar el costo político de subir los combustibles.

El anuncio de YPF de que aumentará los precios de sus combustibles 15% en tres meses (18% si se toma en cuenta el alza de los impuestos) cayó como una sorpresa en el sector energético (y en el resto de los actores económicos).

La pregunta que se hacen todas las empresas es por qué la petrolera con control estatal sí puede recomponer sus ingresos a pesar de ser un año electoral, pero no pueden hacerlo las distribuidoras y transportistas de gas y electricidad.

En primer lugar, el mercado de combustibles no está regulado, como ocurre con los otros servicios que necesitan autorización del Estado para incrementar las tarifas, aunque en la práctica YPF no mueve sus precios si no tiene el visto bueno de la Casa Rosada y el Senado.

En segundo lugar, por más que se considere a YPF una empresa estatal, en realidad es una sociedad anónima que presenta sus resultados financieros cada tres meses (a diferencia de Aerolíneas Argentinas y Aysa) y tiene que dar explicaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) si toma decisiones en contra de sus inversores.

El año pasado, afectada por la pandemia, YPF reportó pérdidas por US$1000 millones, y este verano reestructuró deuda extranjera que ya había refinanciado seis meses antes, por lo que quedó prácticamente fuera de los mercados internacionales por un tiempo, imposibilitada de pedir financiamiento externo.

Con este panorama, YPF no tiene mucho margen para mejorar su ganancia. Si quiere aumentar sus inversiones en gas y petróleo, para detener la declinación de los pozos y evitar una mayor importación de hidrocarburos en el corto plazo, necesita aumentar los precios de los combustibles, que representan el 55% de sus ingresos. No hay mejor empresa que YPF para mostrar la sábana corta del sector energético.

El permiso tácito para aumentar los valores de las naftas y el gasoil, sin embargo, no es el único beneficio que recibió la compañía en los últimos meses. El año pasado, cuando se lanzó el Plan Gas para incentivar la producción, la petrolera logró que el precio máximo de la subasta esté por arriba de lo que pedían el resto de las empresas.

De hecho, si no hubiera sido por la defensa que hace el ministro de Economía, Martín Guzmán, de las cuentas fiscales, el plan original del programa era establecer un precio tope de US$3,9, mayor al US$3,7 que establecieron. En las subastas, YPF ofertó su producción a US$3,66. La venta de gas representa el 11% de sus ingresos.

La necesidad de YPF de tener mayores precios en combustibles y en gas no quita que en gran parte esté justificada. En los últimos cuatro meses, el precio del barril de petróleo subió 30% y el tipo de cambio aumentó más de 7% desde comienzos de año. En relación al gas, el congelamiento de tarifas hizo inviable la inversión en nuevos pozos gasíferos.

Estos mismos argumentos, sin embargo, también sirven para explicar por qué el resto de las empresas también necesita una actualización de precios. El problema es que el Estado no es accionista ni decide en dónde se hacen las inversiones. Además, para el kirchnerismo duro, “la nafta la usan los burgueses, no el pueblo”, por más que el gasoil sea un costo para todas las industrias. Las tarifas de gas y de luz, en cambio, son más sensibles al bolsillo de los votantes.

En el sector energético puntualmente hay conciencia en todo el arco oficialista de que las distribuidoras y las transportistas tienen sus balances en rojo. La discusión está en quién debería aportar las mayores erogaciones, si los usuarios con mayores tarifas, o el Estado con más subsidios, que se financian con el aporte de todos los contribuyentes.