Si alguien quisiera identificar los trazos de la disparatada geometría económica en la que está ingresando la Argentina debería detenerse en las decisiones que el kirchnerismo está tomando en YPF.

 Allí podrá encontrar a un Gobierno que maltrata a los inversores. Precios modelados según imperativos electorales. Fascinación morbosa, infaltable en todos los populismos, con los recursos del subsuelo. Intervención política en una sociedad anónima listada en la Bolsa de Nueva York. Falta de coordinación en las decisiones. En YPF aparece todo. Si se advierte esa densidad y, al mismo tiempo, se prevén las consecuencias que el gerenciamiento de la empresa tendrá sobre el resto de la vida material, es fácil concluir que allí el oficialismo está llevando a cabo el experimento más relevante, y más peligroso, que haya realizado desde que llegó al poder.

La crisis se desencadenó, en su etapa actual, a raíz de las restricciones impuestas por el Banco Central para que las compañías accedan al dólar para pagar sus deudas. YPF debe hacer frente el 23 de marzo a un vencimiento de 400 millones, que es el remanente de una reestructuración anterior a la resolución del Central. Alertados de que no obtendrían esas divisas, los ejecutivos de la empresa comenzaron una negociación con los acreedores para saldar el compromiso con un bono. En algún momento de las conversaciones hubo un cambio rotundo de orientación: YPF, sin consulta previa, propuso reprogramar todos sus bonos hasta la suma de 6227 millones de dólares.

La compañía ofreció tres papeles que no pagan ni intereses ni capital hasta el 31 de diciembre de 2022. El primero pagaría 8,5% de intereses hasta su vencimiento en 2026 y estaría respaldado por el flujo de exportaciones. El segundo carece de esa garantía y vence en 2029, con el mismo interés. Y el tercero ofrece una tasa del 7% y vence en 2033.

Para los inversores fue una declaración de guerra. Se formaron dos grupos de bonistas que dejaron el problema en manos de abogados. Entre ellos, los del poderoso estudio White & Case, de Nueva York, que ya litigó la deuda soberana. En YPF explican que la nueva estrategia, tan agresiva, fue pensada por el CEO, Sergio Affronti, y, sobre todo, por el gerente financiero, Alejandro Lew.

En el mercado hay otra explicación. Atribuyen el cambio a una orden de Martín Guzmán, quien pretendería alinear a YPF con su estrategia general: impulsar el crecimiento de la economía liberándola por un tiempo del peso de la deuda. En el entorno de Guzmán aclaran: «No tenemos nada que ver. Si nos dieran la responsabilidad completa de la transacción, tal vez la tomaríamos. Pero no es el caso». Financistas muy cercanos al entredicho tienen otra opinión: «No importa si Lew recibió una orden o se autocensuró para adaptarse a los criterios de Guzmán. La pelea lleva el sello del ministro». El debate revela algo importante. Nadie quiere atribuirse la maniobra. Se teme una catástrofe. Más aún, en YPF han comenzado a explicar que se trata de un canje voluntario. Es verdad, ya que no existen cláusulas por las cuales, si se alcanza un determinado porcentaje de adhesión se obliga a quienes no quieren entregar sus viejos bonos. Aun así, existen determinadas mayorías de aceptación que son coercitivas porque habilitan a cambiar las condiciones de todos los títulos.

Aunque abogados expertos en finanzas no creen en un default, la reestructuración está impulsada por una lógica alarmante. Una de las razones es la calamitosa escasez de reservas del Central. La otra, a la que apelan funcionarios de Economía, es que los vencimientos de deuda obligan a YPF a constantes aumentos de precios que presionan sobre la inflación. Ambos argumentos tienen en común su cortoplacismo.

La discordia de YPF con los acreedores reducirá al extremo el acceso de la petrolera al capital necesario para que produzca hidrocarburos. Por lo tanto, el Banco Central debe olvidarse de los dólares que podría recibir con una eventual corriente de inversión, que ahora queda descartada. Los combustibles que dejen de producirse deberán importarse, lo que implica un mayor gasto de divisas. Sobre todo en un momento en que el precio del petróleo está en ascenso. Quiere decir que para evitar hoy el consumo de dólares se asegura un mayor consumo de dólares mañana.

El paisaje se vuelve más sombrío cuando se piensa que las decisiones, que se toman respecto de YPF, afectarán a todo el sector energético. Y a las grandes corporaciones en general. El tejido empresarial en su conjunto verá bloqueado el crédito, como ya anticipa el deterioro de los bonos de firmas como Telecom o TGS. El razonamiento de cualquier inversor es previsible: si YPF, una de las grandes empresas del país, controlada en un 51% por el Estado, no tiene acceso al dólar y no puede pagar sus compromisos, ¿qué cabe esperar de las demás?

La aspiración a reducir los pagos a los acreedores para evitar subas de precios energéticos garantiza otras distorsiones. Supone que los combustibles quedarán desconectados de las cotizaciones internacionales del petróleo. Y que, por lo tanto, las refinerías locales pagarán menos de lo que corresponde a los productores. Nadie puede declararse sorprendido. En el sector de la distribución de gas y de electricidad Cristina Kirchner ya fijó un tope electoral para las tarifas: no más de 9% anual.

Ahora se extendería esa misma aritmética para las naftas y el gasoil. Aceptar esos criterios requiere, en el sector privado, «expertos en mercados regulados». Es la hora de los Manzano o los Filiberti, gente que hace negocios con los subsidios del Estado. O, con mayor precisión: con el dinero de los contribuyentes, que es de donde salen esos subsidios. Un experto en Energía calculó ayer el monto que deberían alcanzar tales subvenciones para que el sistema funcione sin colapsos. La cifra es pavorosa: 8000 millones de dólares en 2021. Es importante recordar que cada vez que Alberto Fernández dice, a propósito de sus controles de precios, que está cuidando el bolsillo de los argentinos, oculta que está sometiendo al bolsillo de los argentinos a una extenuante presión impositiva.

Esta intervención sobre los mercados se está generalizando. En las últimas horas, la agresiva Paula Español, secretaria de Comercio, se ha lanzado sobre la industria frigorífica exigiendo precios que pueden llevar a varias compañías a la quiebra. Los empresarios ofrecieron una combinación de pollo, cerdo y carne vacuna a bajo precio. Pero la respuesta ha sido draconiana: «Alberto quiere asado. Todo el año».

La peripecia de YPF se va ilustrando con algunos detalles simbólicos. La firma puso en venta su edificio corporativo por 400 millones de dólares. Casi un tercio del valor de mercado que hoy presenta la compañía: 1500 millones de dólares. Son cifras impensables. Los españoles la compraron por 15.000 millones en 1999. En 2014, Axel Kicillof pagó 5.000 millones por la mitad de las acciones. En esta decadencia corresponde detenerse en un detalle: el problema de la deuda de la petrolera no es culpa de Miguel Pesce. Los 6000 millones de dólares que se pretenden reestructurar corresponden a préstamos tomados en la gestión de Miguel Galuccio, es decir, durante el primer tramo de la estatización dispuesta por Cristina Kirchner, para quien cualquier endeudamiento es traición a la Patria. Esos fondos fueron destinados a proyectos productivos muy discutidos entre los especialistas en petróleo.

La otra señal de estas horas va mucho más allá de lo simbólico. En medio de la complejísima negociación de sus bonos, YPF cambió a su presidente. Parece estrafalario. Y es estrafalario. Se va Guillermo Nielsen y entra Pablo González. Con independencia de sus antecedentes personales, es interesante lo que cada uno representa. Nielsen fue el experto en finanzas que acompañó a Alberto Fernández en cada reunión que tuvo como candidato con bancos y fondos de inversión. Fue el garante de que el nuevo gobierno no sería una regresión hacia el estatismo de la anterior experiencia kirchnerista. Todavía más: fue el encargado de explicar que los dólares que le faltan a la economía argentina vendrían del sector petrolero. Lo más probable, ahora, es que se sigan yendo por lo que sucede en el sector petrolero, mientras el garante es enviado a Arabia Saudita. Un destino irónico. Una broma de Fernández.

Nielsen es reemplazado por un diputado santacruceño. Quienes lo conocieron como vicegobernador de Santa Cruz hablan de González como un hombre sensato. Empieza a importar poco. El nuevo presidente de YPF será el encargado de alinear a la petrolera con un plan electoral. Producir, tal vez, a pérdida. Ejecutar la represión sobre los precios. Invertir en Neuquén y Mendoza, dos provincias en las que el kirchnerismo quiere ganar las elecciones. Ayudar a las Pymes proveedoras de la compañía, sobre todo a las de los amigos. Se da rienda suelta, entonces, a una tendencia que se venía registrando en las relaciones de YPF con la propaganda y, en particular, con el deporte. Es una avenida que puede conducir hacia tierras movedizas.

Del contrato con Lionel Messi se pasó a las negociaciones con Claudio «Chiqui» Tapia, el jefe de la AFA y ex yerno de Hugo Moyano. El encargado de esas gestiones, Santiago Carreras, terminó mezclándose, igual que Sergio Massa, en la concesión por la televisación de los partidos, que terminó beneficiando a Disney en detrimento de Telecentro, de Alberto Pierri. ¿Actuaban Carreras y Massa con el respaldo de todo el oficialismo? Allegados a Máximo Kirchner dicen que no: «Carreras sólo debía conseguir que la TV Pública tenga derecho a pasar gratis un par de partidos». La pregunta se proyecta sobre otra operación que está en la raíz de los derechos sobre el fútbol: la autorización de la fusión entre Disney y Fox. Al lado de Alberto Fernández aseguran que no quiere dar el visto bueno. Igual aclaran: «Él puede volver atrás como con Vicentin y aprobarla». Memorias de naufragios en cadena: Vicentin iba a ser salvada por YPF, que hoy busca un salvataje.

Para la biografía del nuevo presidente de YPF, González, el cargo es una plataforma de lanzamiento: si tiene éxito, será el próximo candidato a gobernador de Santa Cruz, ya que Alicia Kirchner tiene vedada otra reelección. Vidas paralelas con Darío Martínez, el secretario de Energía, destinado a competir por Neuquén.

En la foja de servicios de González titila un pormenor significativo: su subordinación eterna a Carlos Zannini. El procurador del Tesoro es una figura clave para la vida de YPF. Debe ganar el juicio que llevan adelante el fondo Burford, asociado a los Eskenazi. Son historias circulares. El pleito es por la forma en que Zannini, siendo secretario de Legal y Técnica, expropió las acciones de YPF en poder de esa familia. Zannini viene de ser director por Santa Cruz en el banco provincial de los Eskenazi. La defensa del Estado, formulada por Bernardo Saravia Frías, el procurador del gobierno de Cambiemos, fue que los Eskenazi carecían de derechos porque habían adquirido sus acciones en connivencia con su amigo y beneficiario Néstor Kirchner. Zannini debe sostener el argumento. ¿Habrá un acuerdo entre los Eskenazi y Zannini, en detrimento de Burford, para evitar escándalos históricos? González en YPF sería una pieza clave. La incógnita puede despejarse en poco tiempo, cuando Sebastián y Matías Eskenazi declaren en el juzgado neoyorkino de Loretta Preska.

La politización de la gestión es el peor servicio que el Gobierno podría prestarle al gerente Lew en sus negociaciones con los acreedores. ¿Quién le va a creer que el sacrificio que se les pide será puesto en función de una gestión más eficiente? La acción de YPF cayó ayer, en un día de euforia bursátil por la asunción de Joe Biden, más de 6%. Este derrumbe alienta las versiones sobre una fácil estatización. Se atribuye ese objetivo al Instituto Patria. El diputado provincial de Neuquén Mariano Mansilla, muy ligado al secretario Martínez, lo propuso varias veces. Pero tal vez esa confiscación sea más atractiva para los accionistas privados de la empresa. En especial si se tiene en cuenta la legendaria prodigalidad del kirchnerismo para indemnizar.

Las fantasías estatizantes presentan el mismo problema que la agresividad financiera de Guzmán. Más allá de su dudosa intervención en YPF, el ministro actuó sobre varios gobernadores para endurecer las reestructuraciones provinciales. Fue el tema principal, y oculto, de la visita que ayer Alberto Fernández hizo a La Rioja. La estrategia de Guzmán, basada en ahorrar los dólares que se deben, no contesta un interrogante estratégico: ¿de dónde saldrán los dólares que se requieren para las inversiones que impulsarían el crecimiento que él promete? YPF viene a reforzar un problema previo: el aislamiento de la Argentina respecto de las corrientes de financiamiento. El costo del capital para cualquier emprendimiento es insostenible. El país debe pagar tasas de alrededor del 16%. ¿Qué negocio puede ofrecer ese retorno? Para entender la dificultad basta consignar que anteayer Paraguay emitió deuda a una tasa de 5,4%. Y Turquía, que fue vapuleada como la Argentina en la crisis de abril de 2018, lo hizo con una tasa de 4,90 o 5,95% según la duración de los bonos.

Carente de dólares, la única salida que tiene Fernández para todos sus anuncios de gasto e inversión es la emisión monetaria. Es el drama de la vieja ensoñación populista, «vivir con los nuestro». Que «lo nuestro», hoy, es casi nada. Por eso la encrucijada de Guzmán es electrizante. Puede lograr lo que Cristina Kirchner le pide para el año electoral: la cuadratura del círculo. Puede también, en el intento, hundir al kirchnerismo.

Fuente: La Nación.