El Senado debatirá este jueves el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa del Poder Ejecutivo que propone una reforma amplia del régimen de propiedad y que incluye la eliminación de los límites vigentes para la compra de tierras rurales por parte de privados extranjeros.
El texto llega al recinto con modificaciones incorporadas durante su tratamiento en comisiones y sin una definición clara sobre la votación.
El proyecto deroga la Ley 26.737, sancionada en 2011, que establece que personas y empresas extranjeras no pueden superar el 15% de la superficie rural de cada provincia o municipio y fija topes específicos de hectáreas en la zona núcleo.
Con la nueva redacción, esos límites dejarían de aplicarse para los privados extranjeros, mientras que los Estados extranjeros y las empresas con participación estatal continuarían alcanzados por controles especiales y requerirán autorización del Poder Ejecutivo nacional y de las provincias para concretar operaciones.
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La iniciativa también modifica el régimen de desalojos. El texto habilita que cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo sobre un inmueble pueda solicitar la restitución inmediata de la propiedad sin esperar una sentencia definitiva, siempre que el juez considere verosímil el planteo en una evaluación preliminar.
En los casos donde habiten niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin alternativa habitacional, el proyecto fija un plazo de diez días para ejecutar el desalojo.
Otro capítulo introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego y elimina la prohibición vigente que impide modificar durante 30 años el destino de los terrenos afectados por incendios. Esa restricción había sido incorporada para desalentar incendios provocados con fines inmobiliarios y su eliminación habilita la reconversión inmediata del uso del suelo.
El tratamiento del proyecto en el Senado definirá si la iniciativa obtiene media sanción y pasa a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo. El texto configura una modificación estructural del marco legal sobre propiedad rural, procesos de restitución y regulación del uso del suelo en terrenos afectados por incendios.
