La reactivación del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile volvió a exponer un dato que el sector conoce desde hace años pero que rara vez se coloca en el centro del debate: la inequidad estructural de costos entre ambos lados de la cordillera.
El tratado no la genera. La deja a la vista. Y al hacerlo, obliga a San Juan a enfrentar una brecha que condiciona su competitividad en los proyectos de cobre de la próxima década.
El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, define el tratado como “una palanca más para que San Juan construya su propio desarrollo”. La afirmación es precisa: la provincia necesita protocolos binacionales para operar yacimientos divididos, logística transcordillerana para mover equipos y concentrados, y acceso a puertos del Pacífico para competir en mercados asiáticos. San Juan defiende el tratado porque le da ventaja geográfica en un mundo donde la minería de altura exige infraestructura integrada.
Pero mientras la política pública busca abrir corredores, la economía argentina los encarece. La brecha de costos del 40–50% que denuncian los proveedores sanjuaninos no surge de la minería ni del tratado. Surge de la estructura económica nacional: impuestos, financiamiento, seguros, logística, repuestos, escala. Una camioneta 4×4 habilitada para cordillera cuesta USD 1.700 de alquiler mensual en Copiapó y USD 2.700–3.000 en San Juan. No porque Chile sea más eficiente, sino porque Argentina es más cara para cualquier servicio intensivo en capital.
San Juan aplica compre local y empleo local, exige participación mínima y audita la cadena de valor. Pero esas herramientas no corrigen la macroeconomía argentina ni la estructura tributaria que encarece cada contrato industrial. La provincia protege, pero no puede igualar costos que dependen de variables nacionales.
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El tratado moderniza aduanas, integra controles y habilita servidumbres. No elimina soberanía ni autoridad ambiental. Pero sí facilita el tránsito de equipos y servicios chilenos hacia proyectos binacionales. Y cuando la logística se integra, la inequidad se vuelve determinante: si Chile es más barato y el tratado abre la puerta, la competencia deja de ser provincial y pasa a ser internacional.
El caso Vicuña —la operación integrada de Josemaría y Filo del Sol— es el punto donde todo converge. La provincia necesita el tratado para mover concentrados y equipos. Los proveedores lo observan con preocupación porque expone una diferencia que ellos no pueden compensar. La minería sanjuanina tiene una de las carteras de cobre más grandes del mundo, pero compite con una estructura de costos que es 40–50% más alta que la chilena. Esa es la tensión real. Esa es la discusión que el tratado deja al descubierto.
El desafío no es elegir entre integración o protección. El desafío es que la integración no se convierta en una vía rápida para que la brecha estructural termine definiendo quién participa y quién queda afuera en los proyectos de la próxima década.
