El Ministerio de Economía lanzó una estrategia para que los proyectos beneficiados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) amplíen sus compras a proveedores argentinos. El ministro Luis Caputo anunció que el 29 de octubre comenzará en Rosario una serie de rondas de negocios destinadas a conectar grandes inversores con fabricantes locales, en un intento por demostrar que las ventajas fiscales y cambiarias del régimen también generan empleo y capacidades industriales en el país.
Caputo aseguró que el 86% de lo invertido por los proyectos RIGI está destinado a empresas nacionales y que ya se movilizaron más de 1.200 proveedores. Sin embargo, el dato no detalla qué parte corresponde a compromisos y qué a compras efectivas, ni cómo se distribuye entre provincias, lo que alimenta críticas por importaciones millonarias en proyectos mineros.
El caso del campamento modular de Vicuña, adjudicado a un consorcio con participación china por US$52 millones frente a una oferta argentina de US$70 millones, se convirtió en símbolo de la controversia. Aunque la licitación fue privada y legal, la decisión expuso el riesgo de que las ventajas del RIGI se usen para sustituir producción nacional disponible.
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La Unión Industrial Argentina (UIA) celebró la iniciativa de rondas de negocios, pero advirtió que el piso del 20% de compras locales previsto por el RIGI es insuficiente si los paquetes tecnológicos y de mayor valor agregado se adjudican fuera del país. Según la Cámara promotora de Valor Agregado Nacional, ocho proyectos ya registraron importaciones por US$451,3 millones, de los cuales US$300,8 millones correspondieron a bienes que podrían tener oferta nacional.
El conflicto se traslada a las provincias mineras. Mientras Nación busca ampliar el contenido argentino, distritos como San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy y Santa Cruz reclaman que las compras beneficien a proveedores locales y generen empleo territorial. La diferencia es clave: una compra en Buenos Aires puede computar como nacional, pero no necesariamente derrama en la provincia que aporta el recurso y soporta el impacto ambiental.
La disputa abre un riesgo regulatorio: una minera podría cumplir con el 20% nacional del RIGI y, al mismo tiempo, quedar cuestionada por no alcanzar metas provinciales fijadas en leyes o en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). El desafío será coordinar criterios para que el régimen funcione como herramienta de industrialización y no solo como plataforma de importación con beneficios extraordinarios.
