La administración británica de las Islas Malvinas prorrogó por cinco años las licencias vigentes para actividades petroleras offshore, en medio de la disputa con Argentina por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. La medida, respaldada por el Reino Unido, permitirá a las compañías continuar con sus programas de exploración y explotación hasta 2031, con posibilidad de extenderse por dos años adicionales.
Uno de los proyectos alcanzados es Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago. Liderado por Navitas Petroleum (65%) y Rockhopper Exploration (35%), prevé iniciar la extracción de 50.000 barriles diarios de petróleo en marzo de 2028.
“Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas. Son recursos nuestros que debemos desarrollar”, afirmó Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña y responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales.
La decisión se conoció mientras el Gobierno argentino intensifica sus acciones contra las compañías que operan en la zona sin autorización nacional. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas al proyecto Sea Lion, tras una presentación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata.
.
Además de Navitas y Rockhopper, cuentan con permisos exploratorios en la zona las británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited, junto con la canadiense JHI. La administración isleña también autorizó que una subsidiaria de Navitas adquiera el 65% del bloque PL001, vecino a Sea Lion, en un acuerdo firmado en febrero con JHI Associates.
Argentina sostiene que las licencias otorgadas por la administración británica son ilegales y que cualquier actividad relacionada con hidrocarburos en el área requiere autorización nacional.
El Reino Unido rechaza esa posición y reivindica el derecho de los habitantes del archipiélago a administrar sus recursos naturales. Buenos Aires invoca la Resolución 31/49 de la ONU, que insta a las partes a abstenerse de decisiones unilaterales mientras se discute la soberanía.
